Un atentado contra el equipo de seguridad del senador colombiano Jairo Castellanos dejó el jueves dos escoltas muertos en Arauca, en el este de Colombia, confirmaron las autoridades.
El hecho ocurrió cuando la caravana de seguridad del congresista, quien no se encontraba en el vehículo, se desplazaba desde el departamento de Norte de Santander para recogerlo en Yopal, capital del vecino departamento de Casanare, informó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se solidarizó con el legislador tras una conversación telefónica y ordenó investigar el paradero de otro vehículo en el que viajaban integrantes del equipo de trabajo de Castellanos. Imágenes difundidas por medios colombianos mostraron el vehículo atacado con múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales.
Según Benedetti, el senador se encuentra “profundamente conmovido” por la muerte de sus escoltas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) identificó a las víctimas como el policía Esmely Valencia y el escolta conductor Wilmer Leal, ambos adscritos a esa entidad.
La UNP también confirmó que otro vehículo del equipo de campaña del senador fue interceptado por los atacantes y posteriormente se lo llevaron junto con las tres personas que viajaban en su interior.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 200 millones de pesos, equivalentes a 54,872 dólares, por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque, que “posiblemente” fue perpetrado por el cartel del ELN, según indicó en su cuenta de X.
En esa zona operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se disputan el control territorial. El director de la policía colombiana, general William Rincón, calificó el hecho como un “acto terrorista” que “atenta contra la vida de los colombianos y la democracia de nuestro país”.
La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, también condenó el ataque y afirmó que “este hecho criminal constituye un ataque directo contra la vida, la institucionalidad y el ejercicio de la democracia. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada ni justificada”.
En agosto, otro episodio de violencia política cobró la vida del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.
