La reasignación de $1,654,124 en fondos estatales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ofrecerá un alivio temporal a los albergues que asisten a víctimas de violencia de género, pero no resuelve la necesidad de recursos permanentes para mantener los servicios. Así lo plantearon dirigentes de organizaciones no gubernamentales tras confirmarse la aprobación del desembolso por la Junta de Supervisión Fiscal.
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, destacó la gestión como motivo de “celebración”, al garantizar la continuidad de servicios directos y atención empática. Sin embargo, las organizaciones la consideran solo un paso inicial. “La necesidad permanece hasta tanto y hasta cuanto no sepamos cuál es la otorgación. Este año cubrimos, el año que viene no sabemos si va a estar cubierto”, expresó Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth, quien indicó que la operación de un albergue puede implicar $1.3 millones anuales.
Del total asignado, $343,224 se repartirán de inmediato entre 10 organizaciones participantes del programa federal STOP VAWA, incluyendo Hogar Ruth, la Casa Protegida Julia de Burgos y Casa de la Bondad. Según Flores, la ayuda cubrirá gastos hasta el 30 de junio, pero no compensará los meses de febrero y marzo, cuando los fondos previos ya se habían agotado.
Piñeiro Vázquez detalló que las propuestas ya fueron sometidas, por lo que el desembolso se hará en las próximas semanas con el fin de cubrir los meses de abril, mayo y junio. Además, las organizaciones podrán solicitar parte de una nueva partida de $1,000,000 disponible hasta diciembre de 2026, aunque deberán competir con municipios y agencias gubernamentales. Los proyectos elegibles se enfocarán en servicios directos, como apoyo psicosocial, vivienda transitoria, asistencia legal y salud mental.
Por su parte, el Departamento de Justicia finalizará antes otro proceso de $2,000,000 para organizaciones que atienden distintas formas de violencia. Los fondos de la OPM se repartirán luego de conocer cuáles necesidades quedan cubiertas con esa asignación. “Una vez se desembolsa ese dinero, abriremos nuestra convocatoria para atender otras necesidades”, explicó Piñeiro Vázquez.
Emma Santiago Cabrera, directora ejecutiva de Hogar Nueva Mujer, reconoció la importancia de los fondos, pero expresó inquietud ante la competencia. “Es un comienzo positivo, pero nos preocupa porque la convocatoria será abierta a distintas organizaciones y municipios, y eso podría restar prioridad a los albergues”, sostuvo.
Ante la inestabilidad, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género propuso crear el “Fondo de Vida Segura”, que impondría un 10% de impuesto a la venta de armas para asegurar financiamiento constante. “Esto nos permitiría trabajar sin la presión de estar compitiendo con decenas de organizaciones”, señaló Iris Vanessa Prado Sevilla, coordinadora general de la Red.
La procuradora evitó comentar sobre esta propuesta, aunque confirmó que recibió documentos con la idea. Mientras, Flores planteó que los fondos podrían asignarse de forma multianual, con mecanismos de auditoría y monitoreo, y exhortó a Piñeiro Vázquez a abogar por esa recurrencia.
Además de las aportaciones a las organizaciones, la OPM distribuirá $133,000 para crear una plataforma virtual de adiestramientos y recopilación de datos sobre prevención de violencia de género, $72,900 para modernizar el sistema de registro de casos y $105,000 para capacitar a primeros respondedores en manejo de trauma, evaluación de riesgo y prevención de revictimización.
