Adam Miranda Rivera, uno de los 23 acusados federales vinculados a la organización criminal La Familia Nunca Muere (LFNM), fue arrestado en la zona turística de Ocean City, Maryland. Al momento del arresto vestía el uniforme del parque de diversiones Jolly Roger Amusement Park y portaba una identificación a nombre de “Geral”, confirmó la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El 12 de mayo, un gran jurado federal emitió una acusación formal contra Miranda Rivera y otros 22 presuntos miembros de la organización. Los cargos incluyen conspiración bajo la Ley RICO, asesinato, narcotráfico y violaciones por posesión de armas de fuego.
Según las autoridades, LFNM es una organización criminal transnacional compuesta por grupos como Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (Las FARC o Las FARC Company), Cantera Nueva Generación (CNG) y otras pandillas de San Juan, Bayamón, Comerío, Trujillo Alto y Carolina. La fiscalía alega que la red operaba como una “empresa criminal”, dedicada a la distribución de drogas y al uso de la violencia para mantener control y poder.
El fiscal federal William Stephen Muldrow indicó que los cargos RICO permiten “desmantelar sistemáticamente las pandillas violentas que alimentan el derramamiento de sangre”. Añadió que la acusación forma parte de la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para erradicar la violencia vinculada al narcotráfico. “Podemos alcanzar a todos los participantes, desde el liderazgo hasta los tiradores en la calle, y demostrar un patrón de crimen coordinado”, dijo.
De su parte, el agente especial de la DEA, Michael Mayer, sostuvo que “la violencia de esta magnitud no será la norma en Puerto Rico” y destacó la cooperación ente agencias federales y locales para enfrentar el crimen. El agente especial del FBI en San Juan, Carlos R. Goris, subrayó que el caso demuestra “el valor de la colaboración interagencial para llevar ante la justicia a quienes utilizan el miedo y la violencia”.
De acuerdo con documentos judiciales, desde 2019 la organización distribuyó diversas drogas, entre ellas heroína, crack, cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodona y alprazolam en residenciales de San Juan, incluyendo Villa Kennedy, Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador de Las Casas y Las Margaritas. Los líderes señalados son Emmanuel Pacheco Marín, Edison Merced Olivera y Alberto Valdez, implicados en una conspiración para importar cocaína desde República Dominicana.
Los acusados enfrentan cargos por asesinato en ayuda del crimen organizado, conspiración para distribuir drogas y posesión de armas de fuego y ametralladoras. Si son hallados culpables de los cargos RICO, podrían enfrentar cadena perpetua; 14 de ellos podrían recibir la pena de muerte. Los fiscales federales Camille García y Laura Díaz González están a cargo del caso.
Siete de los 23 acusados permanecen prófugos, entre ellos Alberto Valdez, Christian López Díaz, Rafael Prek Vargas, Fernando Hilario Figueroa, Luis Alfonso Amezquita Falú, Jorge Torres Rodríguez y Adnell Dones Valdivia.
