El caso del convicto exnarcotraficante Ángel Ayala Vázquez, conocido como “Ángelo Millones” o “El Buster”, continúa pendiente en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Allí busca reducir su condena de cadena perpetua y obtener su liberación bajo el mecanismo de “liberación compasiva”.
A casi un año de haber presentado el recurso, su abogado, el licenciado Edwin Prado Galarza, sostiene que el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico cometió varios errores al rechazar la moción de su cliente. En abril, la defensa presentó un escrito de 26 páginas ante el foro apelativo para reiterar que el juez Francisco Besosa aplicó un marco legal equivocado y confundió la petición con otro tipo de mecanismo de reducción de sentencia.
Según Prado Galarza, la “liberación compasiva” es distinta a los ajustes de pena por cambios retroactivos en las guías federales, ya que permite al tribunal considerar factores humanitarios e individuales más allá de cálculos automáticos. Argumentó que el juez debió evaluar las circunstancias excepcionales de Ayala Vázquez, cuyo encarcelamiento ha superado más de una década.
Uno de los señalamientos principales del recurso es que el tribunal excluyó indebidamente la rehabilitación del convicto en su análisis. La defensa enfatizó que la ley federal prohíbe usar la rehabilitación como factor único, pero permite considerarla junto a otros elementos. Prado Galarza calificó la decisión como contraria a precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los cuales reconocen la posibilidad de valorar la conducta y los cambios demostrados por el reo.
El recurso también aborda la supuesta “disparidad de sentencia”. Mientras el Tribunal de Distrito concluyó que no existía variación porque el rango seguía siendo cadena perpetua, el abogado planteó que el análisis debía ser contextual, considerando la “sentencia probable hoy” en lugar de un mero cálculo matemático.
Además, la defensa acusa al tribunal de confundir el concepto de retroactividad legal al exigir que las enmiendas estuvieran listadas como tales para ser consideradas, algo que, según el escrito, no corresponde al tipo de revisión que permite la liberación compasiva.
Los registros judiciales describen a Ayala Vázquez como líder de una organización criminal de gran escala que operaba en Bayamón y distribuía drogas en Puerto Rico y otras jurisdicciones. Las autoridades federales lo vincularon con la importación de miles de kilogramos de narcóticos, y su condena por narcotráfico y lavado de dinero ha sido ratificada previamente por varios tribunales.
En su apelación, la defensa solicita que el Primer Circuito revoque la decisión del Tribunal de Puerto Rico, ordene una reevaluación del caso aplicando el marco legal correcto y permita considerar la rehabilitación y las circunstancias personales del convicto. Alternativamente, pide que el caso sea devuelto al tribunal de origen para un nuevo análisis.
Hasta el momento, el Tribunal de Apelaciones en Boston no ha emitido una determinación sobre el recurso.
