El expríncipe Andrew y Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Washington, fueron detenidos con pocos días de diferencia por supuestos vínculos con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein. Ambos están bajo investigación por el delito de mala conducta en un cargo público.
Aunque todavía no se han presentado cargos formales, las detenciones reavivaron el debate sobre una ley considerada por expertos como obsoleta y ambigua. La policía británica no ha revelado detalles del interrogatorio a Andrew Mountbatten-Windsor ni a Mandelson, pero documentos publicados por el gobierno de Estados Unidos sugieren que ambos mantenían una estrecha relación con Epstein y podrían haber compartido información sensible.
Según esos archivos, Mountbatten-Windsor habría entregado informes comerciales confidenciales a Epstein durante su tiempo como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. En el caso de Mandelson, los documentos insinúan que el político laborista filtró un informe gubernamental y ofreció apoyo a propuestas de interés financiero para Epstein cuando era Secretario de Negocios, hace unos 15 años. Ambos niegan cualquier delito.
La Fiscalía de la Corona define la mala conducta en un cargo público como el abuso o la negligencia grave y deliberada de las responsabilidades del cargo, con una pena máxima de cadena perpetua. Sin embargo, probar este delito es complejo, pues se remonta a la era medieval y carece de una definición precisa sobre qué constituye un cargo público. En el caso de Andrew, su papel como representante especial no remunerado podría dificultar demostrar que ejercía un cargo oficial.
Además de comprobar la intencionalidad, los fiscales deben establecer que las acciones carecieron de justificación razonable y que representaron una violación severa de la confianza pública. La Comisión de Derecho del Reino Unido considera que la norma es demasiado vaga y ha recomendado su sustitución por delitos más claros y específicos. La comisión también critica que, históricamente, los procesamientos se han concentrado en funcionarios de niveles inferiores, no en figuras de alto perfil político.
Tras los interrogatorios, tanto Andrew Mountbatten-Windsor como Mandelson fueron liberados sin cargos. Según Marcus Johnstone, director gerente del bufete PCD Solicitors, es improbable que sean acusados en el corto plazo y, de serlo, difícilmente recibirían la pena máxima. “El umbral es alto: la conducta debe estar muy por debajo de las normas aceptables y lesionar el interés público”, observó el abogado.
El proceso mantiene en vilo a la opinión pública británica y abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los altos funcionarios y el alcance real de las leyes de integridad pública en el Reino Unido.
