Luis Martínez se dirigía al trabajo en Minneapolis cuando un grupo de agentes federales lo rodeó y obligó a detener su vehículo. Enmascarados y sin identificarse, le exigieron su documento y acercaron un teléfono a su rostro para escanearlo mientras repetían la misma pregunta: “¿Es usted ciudadano estadounidense?”.
El incidente refleja las tácticas aplicadas por la administración Trump en su campaña contra la inmigración en Minnesota, descrita oficialmente como la mayor de su tipo. Las acciones han generado preocupación nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales este mes.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que su enfoque se centra en delincuentes graves, documentos y videos muestran un uso intensivo de vigilancia biométrica y bases de datos interconectadas. Expertos en libertades civiles advierten que la tecnología podría afectar tanto a ciudadanos como a no ciudadanos, sin suficiente supervisión ni transparencia.
En el caso de Martínez, el reconocimiento facial no halló coincidencia y sólo fue liberado al mostrar su pasaporte. “Minnesota era un paraíso multicultural, pero ahora la gente se va. Da miedo”, dijo.
El DHS confirmó el uso de la aplicación de reconocimiento facial Mobile Fortify, desarrollada por NEC, para verificar identidades mediante imágenes de “fuentes fiables”. Según datos oficiales, el sistema se ha usado más de 100,000 veces en el país. Varias demandas, entre ellas una del estado de Illinois y la ciudad de Chicago, cuestionan la legalidad y la falta de directrices federales sobre su uso.
El año pasado, el gobierno de Trump redujo un programa que dotaba de cámaras corporales a los agentes de inmigración, aunque algunos las portaban en el operativo en el que murió la enfermera Alex Pretti, baleada mientras grababa con su teléfono a los agentes en Minneapolis. Las imágenes de esos dispositivos están bajo revisión judicial.
Paralelamente, el DHS confirmó que desarrolla más de 100 sistemas de inteligencia artificial aplicados a seguridad e investigaciones. El Congreso destinó más de 2,700 millones de dólares para ampliar vigilancia fronteriza y tecnologías emergentes, y la empresa Palantir recibió 30 millones para reforzar un sistema que rastrea a personas señaladas para deportación.
Rachel Levinson-Waldman, del Centro Brennan para la Justicia, advirtió que estas herramientas, concebidas para controlar la inmigración, podrían eventualmente usarse contra ciudadanos estadounidenses que ejerzan actividades legales o de protesta. “Estamos construyendo un nuevo tipo de vigilancia interior, y aún no hemos definido sus límites”, señaló.
El DHS sostiene que sus tecnologías ayudan a combatir delitos graves “respetando las libertades civiles”, pero defensores de derechos temen que el costo sea la erosión de la privacidad pública.
