Representantes de agencias del gobierno local y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan se reunieron el martes con el objetivo de buscar soluciones al problema de la explotación sexual infantil en Puerto Rico. El encuentro, convocado por el representante José Aponte Hernández, tiene como meta recopilar información y propuestas que sirvan de base para la futura radicación de legislación sobre el tema.
“Quise tener la oportunidad de recibir de diferentes entes del Ejecutivo dónde entienden que la Legislatura debe entrar a dar apoyo. Puedo radicar 20 proyectos de ley, pero posiblemente no atiendo la necesidad que ellos tienen como agencia para poder enfocar en ciertos sitios”, explicó Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
A la mesa redonda asistieron portavoces de los departamentos de Educación, Seguridad Pública, Familia, Justicia y Asuntos del Consumidor, así como de la HSI, la Oficina del Ombudsman, el Negociado de la Policía y el Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS).
Según el legislador, los participantes acordaron someter recomendaciones concretas sobre cómo abordar la situación, para luego programar una nueva reunión que permita continuar el trabajo interagencial. Aponte Hernández espera recibir las propuestas el jueves de la próxima semana.
Aunque aún no se ha definido qué incluiría una legislación específica sobre abuso sexual infantil, el representante indicó que entre los temas discutidos se planteó la necesidad de más campañas educativas y el fortalecimiento de herramientas de control parental.
En la reunión no se abordaron medidas internacionales como las de Australia, que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, ni las iniciativas similares que evalúa España. Sin embargo, Aponte Hernández no descartó que esa alternativa pueda considerarse a nivel local.
Por otra parte, su compañero de partido Jorge Navarro Suárez presentó el Proyecto de la Cámara 1136, que propone establecer en 16 años la edad mínima para acceder y usar redes sociales en Puerto Rico. La medida fue referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor tras pasar inicialmente por la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social.
La discusión ocurre mientras el país enfrenta un alza de casos de maltrato y abuso sexual infantil. Uno de los más recientes fue el arresto de Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, acusado de delitos relacionados con explotación sexual infantil mediante la aplicación TikTok, en un caso que involucra a un menor de 7 años.
