La Administración para el Sustento de Menores (Asume) advirtió que reducir la mayoría de edad en Puerto Rico de 21 a 18 años no debe conllevar la terminación automática de las pensiones alimentarias. Según la agencia, eliminar esa protección obligaría a muchos jóvenes a dejar sus estudios para cubrir por cuenta propia gastos de vivienda, salud y alimentación.
En una ponencia ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, la licenciada Nicole Báez, directora de Asesoramiento Legal del Departamento de la Familia, señaló que “la realidad de muchos jóvenes sería que tendrían que abandonar estudios para trabajar a tiempo completo; podría aumentar la carga económica de los hogares custodios y limitarse la movilidad social”. La presentación fue firmada por la administradora de Asume, María del Mar Mateu Meléndez.
El Proyecto del Senado 1245, de la autoría del senador novoprogresista Ángel Toledo, busca enmendar el Código Civil para establecer la mayoría de edad a los 18 años, equiparándola con la normativa de la mayoría de los estados de Estados Unidos. Toledo explicó que el objetivo es permitir a los jóvenes realizar actos legales como firmar contratos o manejar asuntos financieros. No obstante, afirmó que “no busco ni buscaré jamás eliminar la responsabilidad de ningún padre sobre sus hijos”.
Durante la vista pública, en la que participaron también el Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados y Abogadas, Toledo coincidió en que el cambio debe proteger los derechos de los jóvenes y las familias. Agregó que el proyecto incluye disposiciones transitorias para salvaguardar derechos adquiridos bajo el régimen actual.
El Colegio de Abogados y Abogadas apoyó la propuesta con enmiendas. Argumentó que la medida podría beneficiar a la banca y al comercio, fomentando el emprendimiento juvenil y la independencia económica. Propuso, sin embargo, eliminar del Artículo 655 del Código Civil el requisito de cursar estudios “ininterrumpidamente” para extender la pensión alimentaria hasta los 25 años, y revisar las reglas que limitan la ayuda económica a quienes trabajen a tiempo completo. Su presidenta, Vivian Godineaux, sostuvo que presumir que una persona de 18 a 21 años con empleo a tiempo completo puede cubrir todas sus necesidades “parte de una premisa errada”.
Godineaux planteó además la duda de si, al aprobarse la medida, la pensión debe ser pagada directamente al joven de 18 años o a su progenitor custodio. Asume aclaró que, si se aprueba la reducción de la mayoría de edad, no tendría jurisdicción sobre dichos casos, pues estos jóvenes ya serían legalmente adultos.
Toledo precisó que el proyecto no alterará leyes especiales que fijan en 21 años la edad mínima para actividades como la venta de cigarrillos o la portación de armas de fuego. “La intención mía, como autor, y la que he discutido, es esa”, subrayó.
