La Asamblea Legislativa evalúa el Proyecto de la Cámara 310, una medida que —según la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago— podría restringir la capacidad de las personas y comunidades para defender los recursos naturales ante los tribunales. Santiago advirtió que la propuesta forma parte de una tendencia que, a su juicio, ha ido socavando la ya limitada protección del patrimonio natural del país.
El PC 310 establece que, para iniciar acciones judiciales o administrativas relacionadas con presuntas violaciones en proyectos de construcción, las partes deberán demostrar la existencia de un “daño inminente”. Además, toda solicitud de paralización deberá presentarse junto con una fianza equivalente al menos al 10% del valor del proyecto. “Para la mayoría de las comunidades pobres será imposible asumir una fianza tan cuantiosa”, expresó la senadora.
La medida, de los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Luis J. Jiménez Torres, enmienda el Artículo 14.1 de la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” (Ley 161-2009). Entre otras disposiciones, exige que los reclamantes demuestren un interés propietario o personal susceptible a daño inminente y que ese daño sea atribuible a la parte demandada. Actualmente, el artículo permite presentar recursos extraordinarios para revocar permisos o detener obras, sin requerir una prueba previa de daño.
Santiago criticó que la propuesta limita la participación ciudadana bajo el argumento de agilizar los permisos para el desarrollo económico, pero en realidad, indicó, “busca frenar los procesos que cuestionan la construcción desmedida”.
Por su parte, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig señaló que ya existen mecanismos legales para evitar demandas frívolas, pues los jueces pueden desestimar casos infundados e imponer sanciones. Advirtió que restringir el concepto de “daño inminente” podría impedir responder a situaciones de riesgo, como emisiones tóxicas, antes de que ocurran.
El proyecto también redefine el concepto de “suelo rústico especialmente protegido”, permitiendo su uso en proyectos clasificados como estratégicos o de infraestructura crítica, siempre que se justifique su compatibilidad ambiental. Para Santiago, esa disposición abre la puerta a excepciones que pondrían en riesgo áreas de alto valor ecológico.
El PC 310 fue aprobado en el Senado con el voto en contra de las delegaciones del PIP y del Partido Popular Democrático (PPD), así como del senador independiente Eliezer Molina. Tras incluirse enmiendas, el proyecto regresará a la Cámara de Representantes para su reconsideración.
