Un gran jurado federal presentó cargos contra Ramón Plaza Gregory, Ileana Cortés González y la empresa Mo-Na-Co Biomedical & Environmental Corp. (Monaco) por cinco violaciones a la Ley de Aire Limpio y por conspiración para infringir ese estatuto. Según la Fiscalía federal en Puerto Rico, los señalamientos están vinculados con emisiones ilegales del incinerador comercial de Monaco en Aguadilla, propiedad de Plaza Gregory y operado por él junto a Cortés González.
La acusación alega que la empresa tenía permiso para incinerar desechos patológicos bajo estrictas limitaciones sobre los materiales y las emisiones permitidas. Sin embargo, desde agosto de 2021, los acusados habrían incinerado materiales no autorizados, usado equipos defectuosos y excedido los niveles reglamentarios de contaminación. Tras recibir una notificación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Plaza Gregory supuestamente continuó las operaciones en fines de semana y días feriados.
El documento fiscal indica que el permiso de emisiones de Monaco expiró en septiembre de 2024 y no fue renovado, pero el incinerador habría seguido operando hasta abril de 2026. En julio de 2024 se registraron nuevos excesos de emisiones, de acuerdo con la evidencia. Los acusados deberán comparecer ante el magistrado Héctor Ramos Vega.
De ser hallados culpables, Plaza Gregory y Cortés González enfrentan hasta cinco años de cárcel y multas de hasta $250,000 por cada cargo. La empresa podría recibir sanciones de hasta $500,000 por cargo. No obstante, todos los señalados se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario en el Tribunal federal.
El jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, destacó que proteger el ambiente y la salud pública es una prioridad para las autoridades. “Garantizar que todos los residentes de Puerto Rico disfruten de un ambiente saludable y libre de contaminantes es una prioridad principal”, expresó. Adam Gustafson, principal subprocurador general adjunto de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia federal, subrayó que la Ley de Aire Limpio es esencial para proteger la calidad del aire y que su cumplimiento será exigido rigurosamente.
El agente especial del FBI en Puerto Rico, Carlos R. Goris, recalcó que los delitos ambientales afectan directamente la salud y la seguridad de las comunidades. Por su parte, Jeffrey A. Hall, administrador adjunto de Cumplimiento y Garantía de la EPA, afirmó que Monaco violó deliberadamente su permiso y continuó quemando desechos patológicos sin autorización, incluso tras vencer su permiso. Hall sostuvo que el presidente de la compañía ocultó datos de operación y evadió controles, acciones que justifican sanciones penales.
La investigación fue realizada por la División de Investigación Criminal de la EPA y el FBI en Aguadilla, con apoyo del Grupo de Trabajo de Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El caso está a cargo del fiscal federal sénior Patrick M. Duggan y del fiscal auxiliar Seth A. Erbe del Distrito de Puerto Rico.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar posibles violaciones ambientales en la página epa.gov/tips, donde pueden hacerlo de manera anónima si así lo desean.
