Un exagente de alto rango de la Administración de Control de Drogas (DEA) y un asociado fueron acusados de conspirar para lavar millones de dólares y obtener armas de grado militar para un cártel mexicano, según un acta de acusación revelada en Nueva York.
Paul Campo, de 61 años, de Oakton, Virginia, retirado de la DEA en 2016 tras 25 años de servicio, y Robert Sensi, de 75, de Boca Ratón, Florida, fueron detenidos tras una operación encubierta. De acuerdo con las autoridades, ambos creían tratar con un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero en realidad interactuaban con una fuente confidencial dirigida por agentes federales.
El cártel fue designado en febrero como organización terrorista extranjera por el secretario de Estado Marco Rubio. “Según la acusación, Paul Campo y Robert Sensi se asociaron para ayudar al CJNG, responsable de innumerables muertes por violencia y tráfico de drogas en Estados Unidos y México”, indicó Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, quien afirmó que Campo “traicionó su carrera en la DEA”.
Durante la vista en el tribunal federal de Manhattan, ambos se declararon inocentes. “Ciertamente, los cargos son alarmantes”, comentó el juez auxiliar Robert W. Lehrburger.
Según la acusación, los hombres habrían acordado lavar cerca de 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico y convirtieron unos 750,000 dólares en criptomonedas, creyendo que iban al CJNG, aunque el dinero terminó en manos del gobierno federal. También habrían financiado la compra de 220 kilogramos de cocaína valuados en cerca de 5 millones de dólares. Se les acusa, además, de explorar la adquisición de drones, rifles AR-15, lanzagranadas y granadas para el grupo.
Campo, quien llegó a ser subdirector de operaciones financieras de la DEA, presumió su experiencia y ofreció actuar como “estratega” del cártel, según los documentos oficiales. El fiscal adjunto Varun Gumaste describió su conducta como “atroz y preocupante”, señalando que existen horas de grabaciones, correos electrónicos y evidencia de ubicación telefónica que los vincularían con el caso.
Los abogados defensores calificaron el expediente como “sensacionalista” y cuestionaron la solidez de las pruebas. Pese a ello, ambos hombres permanecerán bajo custodia sin derecho a fianza, con una nueva audiencia programada para el 19 de diciembre. La abogada de Sensi alegó que su cliente enfrenta problemas de salud, incluyendo demencia temprana y diabetes tipo 2.
Los acusados enfrentan cuatro cargos federales relacionados con presunto narcoterrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Las autoridades también mencionaron que Sensi habría intentado adquirir helicópteros militares para un país de Oriente Medio y señalaron su historial de condenas por fraude y robo por 2.5 millones de dólares. Campo no tiene antecedentes penales.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, expresó que, aunque Campo ya no pertenece a la agencia, “su conducta deshonra a los agentes actuales y daña la confianza pública”. La DEA ha enfrentado en la última década varios escándalos internos, con al menos 16 agentes acusados de delitos federales, desde tráfico de drogas hasta venta de armas.
En respuesta, la agencia implementó en 2021 controles más estrictos sobre el manejo de fondos en operaciones de lavado encubiertas, advirtiendo que los agentes ahora pueden ser despedidos por una sola falta grave.
