Acusan a cinco personas por traficar cocaína de Puerto Rico a Connecticut

Cinco individuos fueron acusados de enviar cocaína desde San Lorenzo a Connecticut usando el correo postal.
Presuntamente intentaban traficar la droga desde San Lorenzo

Cinco personas fueron acusadas este lunes por presuntamente traficar cocaína desde San Lorenzo hacia el estado de Connecticut, utilizando el Servicio Postal de los Estados Unidos. Los acusados fueron identificados como Edgardo Castro Pérez, de 36 años; Roselyn Osorio Soto, de 38; Edgar Castro Pérez, de 27; Juan José Torres Ortiz, de 42; y Enrique Arroyo Robles, de 28.

Según el comunicado emitido por el Distrito Federal de Connecticut, la investigación comenzó en junio de 2025, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Postal detectaron el envío de cargamentos de cocaína desde Puerto Rico hacia el estado por medio del correo. De acuerdo con la fiscalía, Osorio Soto y Castro Pérez presuntamente enviaban los paquetes desde distintas oficinas postales en la isla con destino a diferentes direcciones en Connecticut.

Una vez en ese estado, la sustancia era recogida por Torres Ortiz, quien la transportaba a Edgar Castro Pérez y Enrique Arroyo Robles para almacenarla hasta el momento de su distribución. Las autoridades señalaron que las residencias utilizadas se encontraban en Merlot Way, en Tolland, y en Woodland Drive, en Hartford. Allí se guardaban no solo los narcóticos, sino también dinero en efectivo y armas de fuego.

Durante la investigación, las agencias federales identificaron un total de 12 paquetes sospechosos, de los cuales cuatro fueron verificados, hallándose múltiples kilogramos de cocaína. El 17 de septiembre de 2025, los agentes detuvieron a Edgar Castro Pérez en una residencia en Tolland, donde ocuparon un paquete con alrededor de tres kilogramos de cocaína. Posteriormente, las autoridades allanaron su vivienda y confiscaron cuatro armas automáticas, tres pistolas semiautomáticas, municiones y $133,292 en efectivo.

Los cinco imputados enfrentan cargos por conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína. De ser hallados culpables, podrían enfrentar sentencias que varían entre 10 y 40 años de prisión. La acusación federal también busca la confiscación del dinero y las armas incautadas durante la investigación.

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