Las autoridades federales de inmigración permitieron que Jeson Nelon Presilla Flores, acusado de participar en un robo de joyas valorado en $100 millones, se deportara a Sudamérica en diciembre, lo que sorprendió y frustró a los fiscales que buscaban enjuiciarlo y enviarlo a prisión.
Presilla Flores era uno de los siete individuos acusados de seguir a un camión blindado hasta un área de descanso al norte de Los Ángeles, donde en 2022 presuntamente sustrajeron diamantes, esmeraldas, oro, rubíes y relojes de lujo. Enfrentaba hasta 15 años de prisión federal por conspiración y robo de envíos interestatales y al extranjero, cargos de los que se declaró inocente.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo deportó a fines de diciembre tras solicitar salida voluntaria, según documentos judiciales. El ICE no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Su abogado, John D. Robertson, pidió desestimar la acusación y cerrar el caso de forma definitiva, alegando que su cliente sufrió una violación de sus derechos procesales al ser deportado sin que los fiscales federales, quienes desconocían la orden de retención de inmigración, fueran informados.
Flores, residente legal permanente en libertad bajo fianza, fue detenido por el ICE en septiembre. Aunque pidió salida voluntaria hacia Chile, el juez de inmigración denegó la solicitud y dictó una orden de expulsión a Ecuador.
Los fiscales federales se oponen a la desestimación y solicitan retirar los cargos “sin perjuicio” para poder reabrir el proceso si Presilla Flores regresa a Estados Unidos. “Ahora evitará el juicio y cualquier posible condena hasta que regrese”, señalaron.
La ex fiscal federal Laurie Levenson calificó el caso de “extremadamente inusual” y cuestionó cómo se permitió la deportación sin coordinación con los fiscales. “La mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha”, comentó.
Las víctimas del robo también reclaman esclarecimiento. “Cuando un acusado en un gran caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas ni cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de varias joyerías perjudicadas.
El asalto, ocurrido en julio de 2022, se produjo cuando los sospechosos vigilaron un camión blindado de la empresa Brink’s que transportaba joyas desde una feria cerca de San Francisco. Las víctimas calcularon pérdidas por más de $100 millones, aunque Brink’s sostuvo que el valor real era inferior a $10 millones. De acuerdo con una demanda de la compañía, uno de los conductores dormía en el vehículo y el otro compraba comida en el área de descanso cuando ocurrió el robo.
