La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico denunció que las fianzas impuestas a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son excesivamente altas, oscilando entre $1,500 y $10,000. Según la organización, estas cantidades impiden el acceso a la justicia a personas con recursos limitados.
El “habeas corpus” permite a los inmigrantes solicitar a un juez federal que evalúe la legalidad de su detención y que se celebre una vista de fianza. “Una vez logramos ese acceso a la vista, la cifra que imponen entendemos que es excesivamente alta, innecesaria e injustificable”, señaló David Cordero Mercado, director de Comunicaciones de la ACLU de Puerto Rico.
De cinco casos tramitados por la ACLU en enero, en dos se impusieron fianzas de $10,000, lo que, según Cordero Mercado, responde a un patrón de decisiones que vulnera los derechos de los inmigrantes. Pese a ello, ambos beneficiados lograron quedar en libertad.
La abogada de inmigración Yarima González Crespo señaló que en otras jurisdicciones ha visto fianzas de hasta $25,000, incluso en casos sin récord criminal. También explicó que, a diferencia de los casos criminales, en los procesos migratorios la fianza debe pagarse en su totalidad. “Si te la ponen de $5,000 o $10,000, tienes que poner el dinero completo. Ese es otro escollo”, dijo.
Uno de los casos más recientes es el del haitiano Albeto Pierre, arrestado en Nochebuena en Barrio Obrero mientras acompañaba a su esposa embarazada. Pierre fue trasladado a centros de detención en Florida, donde recientemente se le concedió un “habeas corpus”, lo que le permitirá tener una vista virtual sobre su posible fianza. La ACLU pidió al Primer Circuito de Apelaciones en Boston que el proceso se celebre en Puerto Rico, pero la petición aún no ha sido respondida.
González Crespo añadió que las fianzas son discrecionales y dependen del criterio del juez, lo que genera incertidumbre. También criticó el uso de grilletes electrónicos con funciones de geolocalización y monitoreo constante. “Si se demostró que no hay riesgo de fuga ni peligro para la sociedad, ¿por qué imponer un grillete que estigmatiza?”, cuestionó.
Los inmigrantes que logran pagar su fianza pueden trabajar mientras sus casos se resuelven, pero los procesos avanzan con lentitud. “Puedes pagar tu defensa poco a poco porque te permite trabajar”, comentó la abogada, quien añadió que el dinero se devuelve al comparecer a todas las vistas.
Cordero Mercado sostuvo que los altos costos hacen la justicia inaccesible. “Un caso de inmigración es bien costoso: un remedio de asilo cuesta $100 anuales, el permiso de trabajo $465 y una apelación $1,000. Es totalmente arbitrario”, denunció. También recordó que el traslado de detenidos fuera de la isla aumenta los gastos legales y limita sus defensas.
“El que migra, lo que quiere es quedarse, así que el riesgo de fuga no se justifica. El que tiene un caso criminal serio, usualmente le toca la detención obligatoria”, afirmó Cordero Mercado.
