Abogado se declara culpable por intento de fraude en compra de pruebas COVID-19

Juan Maldonado de Jesús recibió cuatro años de probatoria y deberá pagar una multa de $10,000, según informó la Opfei.
Juan Maldonado de Jesús cumplirá cuatro años de probatoria y pagará una multa al Panel sobre el Fiscal Independiente (Opfei)

La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, sentenció este viernes a Juan Maldonado de Jesús a cuatro años de probatoria y al pago de una multa, luego de que se declarara culpable de tentativa de fraude, falsificación de documentos e impostura en el caso de la compra de pruebas de COVID-19 en 2020, informó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

Maldonado de Jesús representaba a la empresa Apex General Contractors cuando se gestó la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Además de la probatoria, deberá pagar una multa de $10,000 para cubrir los gastos incurridos por la Opfei durante el proceso.

El abogado fue señalado como gestor del contrato otorgado por el Departamento de Salud a Apex General Contractors por $38 millones de fondos públicos, destinado a la adquisición de pruebas médicas rápidas para detectar el coronavirus. Dicho contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2020 durante la administración de la convicta gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien recientemente fue indultada en otro caso federal por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la Opfei, el contrato fue cancelado luego de que un banco detuviera la transacción millonaria por la compra ilegal a sobreprecio de un millón de pruebas a una empresa sin experiencia en el manejo de productos médicos.

En enero de 2022, el Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió indefinidamente a Maldonado de Jesús del ejercicio de la abogacía y la notaría, tras determinar que falsificó la firma del dueño de Apex General Contractors en documentos vinculados a la adquisición de pruebas COVID-19, lo que representó una grave violación a la ley notarial.

Durante la etapa preliminar del caso, en 2021, los abogados del acusado cuestionaron la jurisdicción de la Opfei, argumentando que no podía procesarlo por no ser un funcionario público. No obstante, el Tribunal Supremo validó la autoridad de la entidad y de los fiscales especiales independientes para continuar el caso, que fue gestionado por Ramón M. Rosario Mendoza y Zulma I. Fuster Troche.

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