El abogado del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, Osvaldo Sandoval Báez, presentó una moción urgente ante el Tribunal federal al alegar que la Policía de Puerto Rico desconoce el paradero del arma de fuego ocupada a su cliente, la cual formó parte de la evidencia en el juicio por la muerte del biólogo Roberto Viqueira Ríos.
El escrito de 13 páginas también sostiene que, tras la radicación de la demanda, personal de la Uniformada contactó al abogado para indicarle que Meléndez Velázquez “sigue bajo investigación” y que su licencia de armas podría ser revocada. La defensa argumenta que eso contradice la orden del superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, quien el 27 de mayo dispuso devolverle todas sus armas y licencias.
Sin embargo, el asesor legal del superintendente, José Carlos Vázquez Rivera, aseguró a El Nuevo Día que “el arma no está desaparecida”, sino que aún permanece bajo custodia del tribunal como evidencia. Explicó que una vez Fiscalía la retire y notifique a la Policía, se gestionará la devolución inmediata al propietario. Además, recalcó que solo existe una investigación administrativa rutinaria, no criminal.
El juez de distrito Héctor L. Ramos Vega concedió a la Policía hasta el 12 de junio para responder a los planteamientos. La moción busca preservar el status quo y evitar acciones que alteren la situación —como revocar la licencia o volver a ocupar las armas— mientras el tribunal decide el caso en sus méritos.
Meléndez Velázquez fue absuelto por el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, el 6 de febrero de 2026, tras un juicio en el que se alegó legítima defensa por hechos ocurridos el 15 de julio de 2025 en Yauco.
La demanda federal argumenta que se violaron los derechos del demandante bajo la Segunda, Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al retener sin justificación su licencia, armas y municiones. Entre los remedios solicitados, se pide que se ordene la devolución de toda la propiedad, una certificación de cumplimiento por parte de las autoridades y el pago de honorarios legales conforme a la ley federal de derechos civiles.
El abogado también pidió que se prohíba nuevo contacto directo con su cliente y que el tribunal ordene localizar el arma, identificar quién la custodia, y justificar su retención o devolverla. Según Sandoval Báez, el Estado no puede mantener una “investigación administrativa indefinida” ni tomar acciones basadas en alegaciones no probadas.
El caso continúa mientras la viuda de Viqueira Ríos, Moshayra Vicente Cruz, solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que revoque la absolución del enfermero. En una petición de 21 páginas, argumentó que existen cuestiones de derecho revisables sobre la aplicación de la legítima defensa y los derechos de las víctimas reconocidos por ley.
