El abogado Héctor Castro Pérez, representante legal de Noel Pérez Martínez, padre de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña y presidente de Yabucoa Auto Service, sostuvo que la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre el negocio familiar es “evidentemente de carácter criminal”.
Castro Pérez acudió solo a la vista pública citada por la Cámara de Representantes, donde explicó que sus clientes no ofrecerán declaraciones en este momento por respeto al proceso en curso. “Ellos saben que ahora mismo se está llevando una investigación en Justicia, evidentemente de un carácter criminal. Tienen una prerrogativa de no comparecer aquí y no van a comparecer”, dijo el abogado.
El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José Hernández Concepción, señaló que Yabucoa Auto Service fue el único de los ocho centros de inspección citados que acudió a la segunda vista pública de la Resolución de la Cámara 352, que investiga la regulación de estos establecimientos. “Existe una investigación en curso y, en deferencia a este proceso, encontramos que no se pueden expresar. La verdad saldrá a relucir”, afirmó Castro Pérez.
Consultado sobre si sus clientes están preocupados, respondió que “cualquier persona que pase por esto tiene que tener algo de preocupación”, aunque aseguró que los ve tranquilos. Hernández Concepción indicó que la comisión evaluará si los dueños del centro deberán comparecer so pena de desacato. Ante esa posibilidad, el abogado expresó que decidirá en su momento qué responderán sus clientes.
Castro Pérez evitó precisar cuándo fue contratado por Pérez Martínez, aunque reafirmó que este es el presidente de Yabucoa Auto Service. Medios han reportado que Ciary Pérez Peña figuró como dueña registral del negocio hasta diciembre pasado. La semana anterior, tanto el padre como el hermano de la exsecretaria no comparecieron ante la comisión, alegando que no querían interferir con el proceso judicial.
La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia activó el 9 de marzo un plazo de 90 días para determinar si el caso será referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Esta pesquisa surge de un referido realizado por dos representantes populares.
Hernández Concepción recalcó que el objetivo es conocer “cuál fue el proceso para cambiar leyes, modificar reglamentos y, en caso de que alguien haya cometido delitos, hacer los referidos pertinentes a las agencias estatales y federales”. Denunció además que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el de Hacienda no han provisto la documentación sobre rebajas de multas.
El legislador consideró irregular que un centro pagara $5,000 en multas sin que el DTOP tenga constancia del trámite y cuestionó las ausencias de otros citados a las vistas, la mayoría con excusas médicas. Anunció que volverán a convocar a los ocho centros de inspección y que también serán citados Arturo Déliz, delator del DTOP, y María Fuster, exdirectora de inspecciones de esa agencia.
Por su parte, Carlos Crespo Ortiz, del Centro Unido de Detallistas, expresó preocupación por los cerca de 200 socios de la organización que operan centros de inspección. “Cada vez que llega un consumidor, se pregunta si este centro será de los que está truqueando o no”, dijo, al insistir en que los señalamientos afectan la imagen de todo el sector.
