El abogado Barry Pollack denunció ante un juez federal en Manhattan que la administración de Donald Trump bloquea al gobierno de Venezuela para que no cubra los costos legales del presidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Nueva York. Según Pollack, esta medida obstaculiza el derecho constitucional de su cliente a tener un abogado.
Pollack explicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había autorizado el pago de los honorarios, pero revocó la licencia apenas tres horas después sin ofrecer explicación. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, encargada de administrar las sanciones contra Venezuela, había permitido originalmente que el gobierno venezolano asumiera el pago de la defensa de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Nueva York desde el 3 de enero tras una operación nocturna de fuerzas estadounidenses. Ambos se declararon inocentes y permanecen sin derecho a fianza.
El abogado insistió en que Maduro no puede costear otro abogado y que solicitará ayuda judicial para financiar su defensa. A su juicio, Estados Unidos interfiere con el derecho del mandatario a ser representado por un abogado de su elección, protegido bajo la Sexta Enmienda.
La captura de Maduro, ocurrida tras una concentración militar en el Caribe, fortaleció la influencia de Washington sobre la vicepresidenta y ahora presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, quien ha impulsado reformas internas y el restablecimiento de contactos diplomáticos con Estados Unidos.
El caso de los pagos legales se enmarca en un contexto de larga tensión entre Caracas y Washington. Desde 2019, la administración de Donald Trump rompió relaciones con Maduro y respaldó al entonces líder opositor como representante legítimo del país, política que también mantuvo la administración de Joe Biden.
Maduro y su esposa enfrentan cargos por presuntamente colaborar con cárteles del narcotráfico y con miembros del ejército venezolano para enviar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. De ser hallados culpables, podrían recibir cadena perpetua. La acusación también los relaciona con secuestros y asesinatos dentro de Venezuela vinculados al tráfico de drogas.
Pollack solicitó el 11 de febrero que se restablezca la licencia original para permitir que Venezuela cumpla con el pago de los honorarios. El Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las peticiones de comentarios sobre el caso.
