A casi diez años de la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), juristas y académicos analizaron sus repercusiones sobre la autonomía y el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico. Durante un panel en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), destacaron que la ley Promesa ha vulnerado la Constitución y las tres ramas de gobierno, reflejando el poder colonial de Estados Unidos sobre el país.
El constitucionalista Carlos E. Ramos González subrayó que Promesa no solo evidencia los límites del estatus político, sino que demuestra que la lógica colonial sigue rigiendo la relación con Estados Unidos. En tanto, el juez asociado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Torres explicó que la jurisdicción local se ha visto afectada, pues las cortes de Puerto Rico no pueden atender controversias fiscales ni presupuestarias, las cuales deben ventilarse en foros federales.
El panel, titulado “Autonomía política y gobernanza bajo la Junta de Supervisión Fiscal”, fue moderado por el periodista Benjamín Torres Gotay y organizado por la Revista Jurídica de la UPR. En él participaron, además, el exrepresentante José Bernardo Márquez y estudiantes de Derecho.
Márquez estimó que la JSF podría permanecer al menos una década más, dado que el gobierno necesita aprobar cuatro presupuestos consecutivos balanceados para poder salir del escrutinio federal. Añadió que el Congreso y el nivel de fiscalización sobre Promesa serán determinantes para lograrlo, y criticó la falta de acción de las últimas administraciones, incluyendo una promesa incumplida de campaña del presidente Joe Biden, quien era vicepresidente cuando Barack Obama firmó la ley en 2016.
El exlegislador detalló que, desde 2019, la JSF ha impugnado diez leyes y ha objetado más de sesenta medidas legislativas, todas relacionadas con derechos laborales, retiro y administración pública. También señaló que el director del organismo, Robert F. Mujica, ha manifestado cautela respecto al cumplimiento de los requisitos para concluir el periodo de supervisión federal.
Ramos González opinó que Promesa alteró la Constitución de Puerto Rico sin enmendarla formalmente y calificó de “alarmante e inaceptable” que aún se justifique la presencia de la Junta. “Sin duda, hemos administrado mal, pero hay que preguntarse por qué. Hemos tenido un problema serio de tipo colonial. No podemos ser tutelados toda la vida”, expresó el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana.
Por su parte, Martínez Torres advirtió que los “argumentos utilitarios” que justifican la JSF, como el manejo de la quiebra, no compensan el retroceso que implica para el autogobierno. Coincidió con los demás panelistas en que el organismo simboliza una limitación profunda de la soberanía política del archipiélago.
