El proyecto que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido fue enviado a La Fortaleza para la evaluación de la gobernadora Jenniffer González. Esto luego de que el Senado concurriera con las enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes.
El Proyecto del Senado 923, una medida de administración que la gobernadora había contemplado retirar, obtuvo 21 votos a favor y cinco en contra. La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, compuesta por Adrián González y María de Lourdes Santiago, votó en contra, al igual que los senadores del Partido Popular Democrático, José “Josian” Santiago y Luis Javier Hernández, y el senador independiente, Eliezer Molina.
El proyecto incorpora al Artículo 92 del Código Penal una disposición para “mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales” recientemente aprobadas. Durante el debate en la Cámara, se añadió una enmienda que aclara que, para los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal, el término “ser humano” incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Estos incisos fueron incorporados mediante la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que define como asesinato en primer grado la muerte intencional de una mujer embarazada y del concebido, tratándose como un doble asesinato. Además, la Ley 183-2025 modificó el Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. Esta disposición generó críticas de sectores médicos y legales, quienes alertaron sobre un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, advirtiendo que también pone en riesgo la práctica médica.
Al inicio de la sesión legislativa, Jenniffer González había indicado que solicitaría retirar el PS 923 por considerarlo innecesario, ya que sus disposiciones estaban cubiertas por la Ley 166-2025, pero luego desistió y permitió que continuara el trámite legislativo.
Organizaciones civiles y expertas en derechos reproductivos advirtieron que la aprobación del proyecto podría crear confusión legal y vulnerar derechos fundamentales. Sostienen que la medida “abre la puerta a la criminalización del aborto, crea incertidumbre para profesionales de la salud, y pone en riesgo la vida, la salud y la autonomía de las personas gestantes”.
