Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) obtenido por The Associated Press autoriza a los agentes federales de inmigración a entrar por la fuerza en viviendas sin una orden judicial, basándose únicamente en una orden administrativa. La medida marca un cambio drástico respecto a las directrices anteriores que buscaban respetar los límites constitucionales al poder del gobierno.
El documento, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, con fecha del 12 de mayo de 2025, sostiene que ni la Constitución, ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ni los reglamentos federales prohíben el uso de órdenes administrativas para detener a personas con órdenes finales de deportación en sus domicilios. Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta interpretación vulnera la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
Whistleblower Aid, una organización que asiste a denunciantes gubernamentales, informó que representa a dos funcionarios que revelaron el contenido de la política, a la que describieron como “secreta y aparentemente inconstitucional”. Según la denuncia, el memorando no se distribuyó ampliamente dentro del DHS y solo algunos funcionarios selectos tuvieron acceso limitado a su contenido.
La directiva se habría filtrado a través del entrenamiento de nuevos agentes, quienes están siendo instruidos para aplicar sus disposiciones en operaciones de campo, incluso cuando contradicen los manuales oficiales de capacitación. AP fue testigo de una de estas acciones el 11 de enero en Minneapolis, cuando agentes del ICE derribaron la puerta de la casa de Garrison Gibson, un ciudadano liberiano con una orden de deportación de 2023. Los documentos revisados por AP confirmaron que solo contaban con una orden administrativa, sin la autorización de un juez.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la práctica al señalar que las personas con órdenes administrativas ya han tenido “debido proceso completo”, y afirmó que tanto la Corte Suprema como el Congreso han reconocido el uso de dicho mecanismo en casos migratorios, sin ofrecer detalles adicionales.
El memorando también establece limitaciones de horario para estos procedimientos, de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., y exige a los agentes identificarse y explicar su propósito antes de usar fuerza “razonable y necesaria” para entrar. Grupos legales y gobiernos locales anticipan impugnaciones judiciales, considerando la medida una violación directa de derechos constitucionales.
Lindsay Nash, profesora de la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, advirtió que el documento representa una ruptura con décadas de práctica y jurisprudencia: “Abre la puerta a una gran cantidad de errores y abusos, con potenciales consecuencias muy graves”.
El memorando coincide con la expansión de una campaña de deportaciones a gran escala impulsada por la administración Trump, que ha desplegado miles de agentes en todo Estados Unidos. Los expertos prevén que el documento se convierta en el centro de futuras batallas legales y políticas sobre el alcance de la autoridad migratoria dentro del país.
