Washington — The Washington Post solicitó a un tribunal federal una orden que obligue a las autoridades a devolver los aparatos electrónicos incautados la semana pasada en la residencia de su periodista Hannah Natanson, en Virginia.
El diario sostuvo que el registro y la incautación vulneraron los derechos protegidos por la Primera Enmienda y las garantías legales de los periodistas. Los agentes federales tomaron dos teléfonos, dos computadoras portátiles, una grabadora, un disco duro externo y un reloj inteligente Garmin, como parte de una investigación sobre un contratista del Pentágono acusado de manejar información clasificada de manera indebida.
“La indignante incautación del material confidencial de nuestros reporteros paraliza la expresión, paraliza la información y causa daños irreparables cada día que el gobierno mantiene este material”, expresó el Post en un comunicado.
Según el periódico, el material confiscado incluye años de trabajo periodístico y comunicaciones con fuentes confidenciales. Por ello, The Washington Post pidió la devolución inmediata de los equipos y que se prohíba al gobierno utilizarlos. “Cualquier otra cosa autorizaría futuras redadas en las redacciones y normalizaría la censura por orden judicial”, argumentó la presentación legal.
Un juez de Alexandria (Virginia) programó una vista para el 6 de febrero y ordenó al gobierno no revisar por ahora los materiales. El caso está vinculado a una investigación sobre Aurelio Luis Pérez-Lugones, contratista del Pentágono arrestado este mes por presunta retención no autorizada de documentos clasificados.
Natanson ha cubierto temas relacionados con la transformación del gobierno federal bajo el presidente republicano Donald Trump. Recientemente, fue reconocida por obtener numerosas fuentes dentro del aparato gubernamental.
La fiscal general Pam Bondi afirmó que el registro se efectuó a solicitud del Departamento de Defensa, alegando que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”. Pérez-Lugones, quien vive en Maryland, no ha sido acusado de compartir información clasificada.
El Departamento de Justicia actualizó en abril sus directrices sobre filtraciones, restituyendo el poder de los fiscales para solicitar órdenes judiciales contra funcionarios que revelen material no autorizado a la prensa. Estas normas sustituyeron una política previa de la administración del presidente demócrata Joe Biden, que prohibía incautaciones secretas a periodistas.
Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, advirtió que “la redada sin precedentes al domicilio de la reportera pone en peligro la información de interés público y tendrá consecuencias mucho más allá de este caso”.
