Washington — Un presupuesto sin precedentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con bonificaciones de contratación de $50,000, ha disparado el interés por unirse a la agencia y la ha convertido en una fuerza nacional de aplicación de la ley más grande que muchos departamentos de policía del país.
El presidente Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Su meta ha sido posible gracias a la amplia ley de recortes de impuestos y gastos aprobada por los republicanos en el Congreso, que está alimentando acciones migratorias sin precedentes en ciudades como Minneapolis y otras urbes del país.
Según expertos presupuestarios, este proyecto de ley está «sobrealimentando al ICE» en una escala de la que el público aún no es plenamente consciente. “No creo que la gente comprenda la magnitud del problema”, advirtió Bobby Kogan, del Center for American Progress.
En el primer año del segundo mandato de Trump, la agencia se ha transformado en una fuerza policial nacional con miles de millones de dólares procedentes de los contribuyentes. La muerte de Renee Good durante una redada en Minneapolis encendió protestas en todo el país contra lo que muchos consideran tácticas militarizadas. Frente a la oposición, Trump ha amenazado con aplicar la Ley de Insurrección y el Ejército mantiene 1,500 soldados listos para desplegarse.
Aunque los cruces fronterizos ilegales han caído a niveles históricos, las operaciones del ICE se han trasladado tierra adentro, con agentes armados y enmascarados realizando redadas en barrios de varias ciudades. Legisladores y activistas denuncian arrestos de personas sin antecedentes e incluso de ciudadanos estadounidenses.
El Congreso republicano ha blindado la financiación del ICE. La llamada “Gran y Hermosa Ley” de Trump duplicó el presupuesto de Seguridad Nacional, añadiendo $170,000 millones adicionales para cuatro años. Solo el ICE recibió $75,000 millones: $30,000 millones para operaciones y $45,000 millones para centros de detención. “Es un gasto propio del ejército”, señaló Kathleen Bush-Joseph, del Migration Policy Institute, quien advirtió que Trump está “militarizando la aplicación de la ley migratoria”.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que su campaña de reclutamiento superó las metas, con 12,000 nuevos funcionarios contratados en meses, alcanzando 22,000 agentes en total. “Gracias a la Gran Ley Hermosa del presidente Trump, hoy tenemos 12,000 oficiales adicionales desplegados en todo el país”, destacó la secretaria adjunta Tricia McLaughlin.
Pese a las críticas demócratas, incluyendo llamados a destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el control republicano del Congreso dificulta cualquier intento de frenar el gasto. Trump, mientras tanto, mantiene su objetivo de alcanzar un millón de deportaciones anuales.
