El Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) urgió al Departamento de Seguridad Pública (DSP) a tomar acciones concretas ante las condiciones laborales que enfrentan los empleados del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
La presidenta del sindicato, Liz Colón Alicea, cuestionó que el DSP solo respondiera a los reclamos luego de que la organización los hiciera públicos y los elevara hasta La Fortaleza. “Como matrícula, resulta válido cuestionar si fue necesario recurrir al espacio público para obtener una respuesta del secretario del DSP, Arthur Garffer, cuando estas situaciones se advirtieron directamente sin que se atendieran con la urgencia requerida”, expresó.
El jueves, el SAME envió una carta a la gobernadora Jenniffer González solicitando su intervención por lo que describen como “graves” condiciones laborales. Según Colón Alicea, la respuesta de La Fortaleza se limitó a señalar que referirían la solicitud a la oficina de planificación y calendario. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, afirmó que la misiva fue recibida y referida al asesor laboral.
Ante las denuncias, el DSP informó sobre acciones que incluyen atender la falta de personal, mantenimiento de estructuras, escasez de equipo y revisión de compensaciones. Garffer reconoció que el NMEAD enfrenta “retos significativos en reclutamiento y retención de personal”, principalmente debido al salario, y adelantó que se reunirán en febrero con la Junta de Supervisión Fiscal para discutir planes de clasificación y retribución.
El funcionario detalló que se trabaja también en una política formal sobre licencias de vacaciones, uniformes y mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, el DSP declinó ofrecer más comentarios tras la nueva reacción sindical.
Colón Alicea insistió en que “si bien el DSP ha enumerado gestiones y reuniones futuras, muchos de los problemas continúan sin soluciones concretas”. Añadió que espera ser convocada a las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal.
La líder sindical subrayó que persisten reclamos “sobre una compensación justa, falta de personal, condiciones inadecuadas, incumplimiento del convenio colectivo y ausencia de un plan de estabilidad laboral”. El gremio, que agrupa a 160 empleados, pidió que las expresiones de Garffer “se traduzcan en acciones reales, medibles y verificables”.
“El SAME continuará fiscalizando cada compromiso anunciado. Reconocer una problemática no es suficiente si no va acompañado de resultados concretos”, apuntó Colón Alicea, quien pidió un diálogo respetuoso y efectivo.
Las tensiones aumentaron tras una reunión en octubre, en la que, según el sindicato, Garffer “faltó el respeto” a su presidenta. Por ese incidente, Colón Alicea presentó querellas que aún están ante la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General.
