Cayey – Las preocupaciones sobre la eliminación de las exenciones a las placas solares y a los autos híbridos, eléctricos o “plug-in”, así como la falta de claridad sobre la posición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respecto a la reforma contributiva, dominaron la reunión que la gobernadora Jenniffer González sostuvo con los portavoces de los partidos de minoría.
Durante el encuentro, los legisladores le sugirieron a González establecer un tope de precio para que solo los vehículos de lujo tributen. Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, planteó dudas sobre el financiamiento de la medida: “No está claro de dónde saldrían los $550 millones para cubrir la reforma. El equipo fiscal no llegó preparado con toda la información”. Añadió que la gobernadora mostró apertura a revaluar la eliminación de exenciones a las placas solares.
A la reunión asistieron Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García, del PPD; María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, junto a Denis Márquez y Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad. No fueron invitados los senadores independientes Eliezer Molina ni Joanne Rodríguez Veve, confirmó La Fortaleza.
Según Burgos, se discutió también la posibilidad de aplicar arbitrios solo a vehículos costosos, para evitar afectar a consumidores con autos más accesibles. Los legisladores expresaron además inquietudes sobre los planes de consolidación de agencias y el control de los números del gobierno.
El PPD advirtió sobre discrepancias en las proyecciones fiscales: mientras se habla de recaudar $30 millones al eliminar las exenciones a autos eléctricos y $18 millones mediante el IVU sobre placas solares, el informe del Departamento de Hacienda reflejaría montos distintos. El PIP, por su parte, cuestionó la ausencia de un “plan B” si estas medidas se eliminan del paquete contributivo.
Hernández y otros portavoces señalaron que la JSF aún no ha expresado oficialmente su postura. María de Lourdes Santiago advirtió que, de aprobarse sin el aval de la Junta, esta podría ejercer su “poder implícito de veto”.
Adrián González Costa señaló que la gobernadora ha defendido tributar a los beneficiarios de la Ley 60, pero el proyecto P. de la C. 505 extendería los decretos vigentes hasta 2056. A su juicio, “esto no es una reforma contributiva, sino enmiendas al Código de Rentas Internas que representan alivios temporeros”.
Por su parte, Jenniffer González insistió en la necesidad de aprobar la medida y explicó que eliminar exenciones permite sostener rebajas propuestas. “Cada exención que se elimine significa que le vamos a reducir lo que la gente va a generar en economía. Si no se eliminan, tendríamos que reducir las deducciones o los beneficios propuestos”, aseguró. Recalcó que su objetivo es que las nuevas tasas contributivas se apliquen en la planilla de este año fiscal.
