El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, admitió este jueves que el proyecto de administración que busca enmendar el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido presenta ambigüedades que deben ser corregidas.
“Cuando leo el proyecto que llega a mí, tengo un problema de ambigüedad porque se presta para interpretación, y los delitos tienen que ser claros y específicos. El delito tiene que estar en blanco y negro: la intención, la capacidad y el deseo de causar el daño”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.
El Proyecto del Senado (PS) 923, que tipifica como asesinato la muerte de un concebido “en cualquier etapa de gestación”, fue aprobado por el Senado a menos de 24 horas de haber sido radicado por la gobernadora Jenniffer González, y sin discusión previa.
Expertas en derecho penal y en derechos reproductivos han advertido que la medida podría generar confusión en el sistema jurídico y en la práctica médica, al punto de poner en riesgo la libertad o la vida de personas embarazadas que tomen decisiones sobre sus cuerpos.
Torres Zamora explicó que la intención legislativa, en consonancia con las leyes 166-2025 y 183-2025, era otorgar personalidad jurídica al “nasciturus” para procesar a quien, de manera intencional y consciente, cause la muerte de una mujer embarazada y del concebido. Sin embargo, opinó que el PS 923 no aclara esa intención, pues la disposición que introduce en el Artículo 92 del Código Penal se presta a interpretaciones diversas.
“Añadir la línea en la forma en que se hizo podría provocar múltiples interpretaciones”, dijo el legislador, al plantear ejemplos hipotéticos de casos de violencia doméstica bajo la Ley 54 en los que podría ser difícil probar intención o conocimiento del embarazo.
Torres Zamora propuso que, de considerarse, el proyecto sea modificado para eliminar la ambigüedad y precisar que el asesinato aplicaría cuando exista intención de matar tanto a la mujer como al feto, permitiendo procesar por doble asesinato, como ocurre en la jurisdicción federal.
El Nuevo Día intentó obtener expresiones del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, sin éxito. El representante José “Che” Pérez, presidente de la Comisión de Jurídico, indicó que la medida podría ser atendida allí, aunque prefirió reservar comentarios. “Tiene áreas que, realmente, sí habría que atender”, reconoció.
La Cámara de Representantes volverá a sesionar el lunes, 19 de enero, a las 11:00 a.m.
