El caso federal contra Daniel García Martín, señalado como presunto contratista de los suegros de la gobernadora Jenniffer González en La Parguera, podría resolverse sin necesidad de ir a juicio. Así se discutió en una vista celebrada el 8 de enero ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach.
Durante la audiencia, la Fiscalía federal informó haber entregado parte del descubrimiento de prueba a la defensa, aunque aún faltaban resultados de ciertas extracciones. La defensa confirmó la entrega e indicó que había revisado los materiales con el acusado.
Jessica Earl, abogada de la Oficina del Defensor Público, anunció que preparará un “paquete de mitigación” y confirmó que “las partes tienen la intención de resolver el caso sin necesidad de juicio”. Sin embargo, el expediente no detalla los términos de un posible acuerdo. Arias Marxuach señaló que el tribunal consideró prioritario permitir que el acusado complete el descubrimiento y explore negociaciones de alegación de culpabilidad. El juez fijó el 7 de febrero como fecha límite para la entrega del descubrimiento y el 27 del mismo mes para radicar cualquier moción o cambio de alegación.
García Martín, de 67 años, permanece detenido por orden del magistrado federal Marshal D. Morgan. Su arresto ocurrió durante un allanamiento en su residencia, donde agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hallaron armas y municiones. Según la denuncia, el acusado cumplió una condena previa por asesinato, lo que convierte en delito federal la posesión de armas.
El caso atrajo atención cuando la orden de detención mencionó una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”. No obstante, la Fiscalía federal aclaró posteriormente que “no hay investigación de cuello blanco (ni ninguna otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”. El documento no descartó, sin embargo, pesquisas sobre las propiedades mencionadas en el expediente.
El juez Arias Marxuach también aprobó una orden solicitada por la Fiscalía para designar parte de la evidencia documental como “confidencial”, limitar su divulgación y requerir su devolución al finalizar el caso.
Por su parte, Miguel Torres, abogado de los suegros de la gobernadora, sostuvo que sus clientes no han sido notificados de ninguna pesquisa federal relacionada con su residencia en La Parguera. Añadió que, en el pasado, fueron abordados por individuos que alegaron pertenecer a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), pero, según dijo, esos supuestos oficiales se negaron a mostrar identificación.
Torres explicó que desconocen si existe alguna investigación real y cuestionó la legitimidad de esas gestiones. “A este servidor se le ha informado que ha habido unos agentes del gobierno federal tratando de hacer unas investigaciones, pero cuando hemos tratado de corroborar, no surge que haya una investigación”, expresó el licenciado.
