La reciente aprobación en el Senado del proyecto presentado por la gobernadora Jenniffer González, que clasifica como asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación”, ha despertado preocupación entre especialistas en derecho y salud pública.
Según expertas consultadas, la medida se suma a otras iniciativas impulsadas por el partido de gobierno que otorgan reconocimiento legal al no nacido. A su juicio, estas disposiciones podrían generar confusión en el sistema jurídico y complicar la práctica médica relacionada con el aborto y otros servicios de salud reproductiva.
Advirtieron que esta tendencia legislativa podría tener consecuencias graves para las personas embarazadas, incluyendo riesgos para su vida o su libertad, al exponerlas a posibles procesos penales por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Una de las fuentes describió el curso de estas políticas como “ir hacia un risco”, en alusión al peligro que representan para los derechos reproductivos en Puerto Rico.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Representantes para su evaluación, mientras diversos sectores sociales y profesionales expresan su preocupación por el rumbo que podría tomar el debate sobre el aborto en la isla.
