La posibilidad de construir un gasoducto entre las centrales San Juan y Palo Seco, en Toa Baja, ha despertado interrogantes entre organizaciones ambientales y especialistas. El proyecto, discutido por Genera PR, el gobierno puertorriqueño y agencias federales, busca fortalecer la red energética, pero no todos lo ven con buenos ojos.
La organización El Puente manifestó preocupación por lo que considera un nuevo intento de expandir el uso del gas natural como fuente principal de generación. Según el grupo, la zona donde se ubicarían las obras ya enfrenta una alta concentración de infraestructura energética y carga ambiental, por lo que un nuevo desarrollo podría agravar los riesgos para las comunidades cercanas.
Por su parte, un expresidente del Colegio de Químicos de Puerto Rico advirtió que cualquier iniciativa de este tipo debe cumplir rigurosamente con las normas de seguridad y las regulaciones de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA). Si bien reconoció que el proyecto podría generar algunos beneficios operacionales, enfatizó que esos posibles avances no deben comprometer la salud pública ni el ambiente.
El debate resalta la tensión existente entre los planes gubernamentales para modernizar el sistema energético del país y las exigencias de grupos ambientales que reclaman una transición más acelerada hacia fuentes renovables y sostenibles.
