La gobernadora Jenniffer González no descartó extender o aplazar la fecha límite para la entrega de las planillas de contribución sobre ingresos de este año más allá del 15 de abril, ante los cambios que impulsa en el sistema contributivo. Estas enmiendas comienzan a discutirse esta semana en la Legislatura.
González explicó que la decisión final recaerá en el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez. “Ya lo más complicado, que eran las corporaciones, los individuos, las patentes municipales, las estatales, las IRAs, las IRAs educativas, ya eso se aprobó y está codificado. Entiendo que estas vistas nos deben permitir dar el tiempo suficiente para que sea implementado en la planilla de marzo de este año”, expresó la mandataria.
Ante la posibilidad de retrasos en Hacienda, la gobernadora sostuvo que “no habría ningún problema en extender por unas semanas la radicación de la planilla. Ha ocurrido anteriormente, así que eso no se descarta”. Sus declaraciones ocurrieron durante una rueda de prensa en el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, en Río Piedras.
Pantoja Rodríguez, por su parte, aseguró que su agencia se ha estado preparando desde hace meses para el ciclo contributivo. “El equipo de trabajo está haciendo todos los ajustes necesarios para estar preparados y listos para la propuesta reforma contributiva”, indicó. La intención del gobierno es que los cambios entren en vigor en la próxima temporada de radicación.
El ciclo contributivo usualmente comienza en enero y culmina en abril. La gobernadora recomendó a los contribuyentes que deseen beneficiarse de las reducciones en las tasas y otros ajustes esperar a que el proyecto sea aprobado en la Cámara y el Senado. Las vistas públicas comienzan este miércoles a las 9:00 a.m. en la Cámara, mientras que el Senado iniciará su discusión el 20 de enero.
Consultada sobre posibles atrasos en Hacienda, González negó que la agencia enfrente un “tapón” en el procesamiento de planillas y reiteró que la prórroga sigue sobre la mesa.
Respecto a la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la reforma, la gobernadora fue cautelosa. “Sí, esto se ha discutido”, afirmó, aunque no precisó si el ente federal ha expresado su aval. “Ellos siempre van a querer más tiempo para verlo todo, pero llevamos un año esperando”, dijo.
La mandataria añadió que la JSF es parte del proceso y que el gobierno debe demostrar que tiene los recursos para costear de manera recurrente las reducciones propuestas sin afectar servicios esenciales. “Mientras cumplamos con el plan fiscal, tengamos un presupuesto balanceado y podamos pagarlo, no deben tener problemas”, recalcó.
Según dos fuentes citadas por El Nuevo Día, la Junta no ha dado su aprobación formal a la reforma, pese a haber sostenido reuniones con el Ejecutivo. El organismo ha reiterado que cualquier medida con impacto presupuestario debe incluirse en la resolución presupuestaria, por lo que la reforma podría posponerse hasta el año fiscal que inicia el 1 de julio.
El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, confirmó que han mantenido conversaciones con la JSF sobre el proyecto, cuyo efecto fiscal se estima en unos 550 millones de dólares.
