El Tribunal Supremo ordenó mantener vigente el contrato entre Genera PR y Puma Energy para el suministro de combustible, pero instruyó al Tribunal de Apelaciones a atender en sus méritos la impugnación presentada por Novum Energy Trading, una de las licitadoras que quedó fuera del proceso. La decisión garantiza que no se interrumpan las entregas de búnker C, derivado del petróleo utilizado en las centrales de San Juan, Aguirre (Salinas), Costa Sur (Guayanilla) y Palo Seco (Toa Baja), mientras se analiza si Genera PR actuó conforme a la ley al adjudicar el contrato a Puma, pese a que Novum había ofrecido precios más bajos.
En diciembre, el Tribunal de Apelaciones había suspendido los efectos del contrato con Puma hasta atender la impugnación. Sin embargo, Genera PR presentó un recurso de “certiorari” ante el Supremo, que primero levantó la suspensión de forma temporal y, finalmente, la eliminó de manera definitiva con la sentencia más reciente. En su dictamen, el Supremo dejó sin efecto la paralización ordenada por el foro apelativo y devolvió el caso para que dicho tribunal lo resuelva en sus méritos.
Novum sostiene que Genera PR incumplió sus deberes al no entregarle a tiempo el expediente que justificaba la selección de Puma, lo que le impidió preparar su solicitud de reconsideración. Por su parte, Genera PR argumenta que siguió su Manual de Adquisiciones interno y que el proceso de solicitud de propuestas (RFP) establecía que los licitadores renunciaban a reclamar violaciones procesales.
La empresa también defiende que, como entidad privada, no está sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, aunque actúe como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que su sistema de compras se rige únicamente por el contrato de privatización de la flota de generación termoeléctrica.
La Junta de Supervisión Fiscal avaló el contrato con Puma, de un año de duración y estimado en alrededor de $1,000 millones, el 31 de octubre de 2025. El organismo indicó a El Nuevo Día que, al momento de aprobarlo, desconocía la impugnación de Novum, que ya había solicitado una reconsideración administrativa a Genera PR. Tras recibir una negativa, Novum acudió al Tribunal de Apelaciones con el contrato ya en vigor. Genera PR reiteró que los términos del RFP contemplaban la renuncia a cuestionamientos procesales por parte de las empresas licitadoras.
