La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, emitió un informe negativo al proyecto de administración presentado por la gobernadora Jenniffer González, que proponía otorgar licencias de ocupación a las estructuras existentes en el litoral de La Parguera, en Lajas.
Según explicó la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, la medida recibió informe negativo porque las agencias correspondientes no presentaron los memoriales solicitados. Al tratarse de un proyecto de administración, tanto la versión del Senado (Proyecto del Senado 272) como la de la Cámara (Proyecto de la Cámara 269) fueron rechazadas. Con este informe, la medida no puede ser llevada al pleno para votación.
El proyecto, identificado también como el Proyecto de Administración 003, fue presentado por González en enero, apenas tres semanas después de asumir la gobernación. En ese momento, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investigaba a los suegros de la mandataria por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en La Parguera.
La propuesta establecía la concesión de licencias de 40 años para ocupar las estructuras existentes y permitir su reparación para conservar la “pintoresca y colorida arquitectura” característica de la zona. También prohibía nuevas construcciones fuera de la huella de ocupación y fijaba cánones entre 5% y 10% mayores a los que el DRNA cobra actualmente a marinas y muelles.
Esta medida era casi idéntica a una legislación presentada y aprobada en 2016 por el Senado y la Cámara de Representantes, pero vetada por Alejandro García Padilla debido a la oposición de sectores ambientales y científicos.
El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, criticó que la gobernadora priorizara una medida que podría beneficiar a familiares cercanos. “Raya en lo antiético presentar una medida para beneficio de sus familiares. Le tomó menos de un mes presentar el proyecto, pero para una reforma contributiva tardaron un año”, dijo.
Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, calificó el resultado como “prudente” y advirtió que legalizar estas estructuras atentaría contra la integridad ambiental del área y concedería privilegios indebidos. Añadió que aún persiste la orden administrativa del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, que en su versión original disponía archivar las controversias sobre las estructuras en La Parguera. Posteriormente, la orden fue enmendada para que la Oficina de Oficiales Examinadores evalúe caso a caso antes de descartar los reclamos.
“Son muchas iniciativas dirigidas a un mismo propósito: aniquilar la protección de la zona marítimo terrestre y de los recursos naturales y seguir promoviendo la rapiña y el desplazamiento”, afirmó Santiago.
El informe negativo detiene por ahora una de las medidas más controversiales del inicio de la administración de la gobernadora González, fuertemente cuestionada por sectores ambientales y líderes legislativos opositores.
