La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció que dejará de calcular el dinero que se ahorra en costos de atención médica y muertes evitables gracias a las normas que regulan dos contaminantes atmosféricos peligrosos. El cambio implica que la agencia enfocará sus regulaciones sobre partículas finas (PM2.5) y ozono únicamente en los costos para la industria, como parte de un giro más amplio bajo el presidente Donald Trump hacia políticas favorables a los negocios.
En un comunicado, la EPA señaló que “sigue absolutamente comprometida con su misión de proteger la salud humana y el medio ambiente”, aunque “no monetizará los impactos en este momento”. La portavoz Brigit Hirsch indicó que la agencia seguirá calculando los costos de cumplimiento para las empresas y perfeccionando sus metodologías económicas.
Grupos ambientalistas y de salud calificaron la decisión como una peligrosa renuncia a una de las funciones fundamentales de la agencia. “El mandato de la EPA es proteger la salud pública, no ignorar la ciencia”, expresó John Walke, abogado del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, quien describió la medida como “imprudente, peligrosa e ilegal”. Añadió que, al restar valor a los beneficios reales para la salud, la agencia permite mayor contaminación a costa de enfermedades cardíacas, asma y muertes prematuras.
La decisión se enmarca en disputas legales sobre normas de contaminación establecidas en administraciones previas. En documentos presentados ante los tribunales, la EPA argumentó que reglas impuestas durante el gobierno de Joe Biden se aprobaron “sin el proceso riguroso exigido por el Congreso”. No obstante, reconoció los beneficios bien documentados de reducir las concentraciones de PM2.5 y ozono.
Hirsch afirmó que “no monetizar” no significa “no valorar” el impacto en la salud pública y destacó que la agencia mantiene su comité de salud humana. Desde su creación hace más de 50 años, tanto republicanos como demócratas han usado estimaciones económicas para valorar una vida humana en los análisis de costo-beneficio.
Durante el mandato de Biden, la EPA estimó que sus normas sobre las PM2.5 evitarían hasta 4,500 muertes prematuras y 290,000 días de trabajo perdidos para 2032, generando hasta 77 dólares en beneficios por cada dólar invertido. Sin embargo, la administración Trump considera que tales cifras son engañosas y afirma que reflejan un exceso de confianza en los modelos de impacto monetario.
Como parte de esta nueva orientación, la EPA también publicó una norma final sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) que reduce las restricciones propuestas previamente. Los críticos sostienen que la norma ignora los beneficios económicos de evitar enfermedades y pérdidas laborales, debilitando protecciones vigentes desde hace dos décadas. “La EPA se niega imprudentemente a valorar la salud de millones de estadounidenses ante la contaminación por NOx”, advirtió Noha Haggag, abogada del Fondo de Defensa Ambiental.
Pese a las críticas, la agencia insiste en que Estados Unidos ha avanzado de forma sustancial en la reducción de partículas finas y ozono desde el año 2000 y que continuará cuantificando los impactos hasta que mejore la precisión de sus modelos para monetizarlos.
