Desacuerdos entre el Municipio de Loíza y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre el tipo de material para un proyecto de revestimiento han postergado una solución urgente para atender la erosión costera en la comunidad de Parcelas Suárez.
La alcaldesa Julia Nazario Fuentes responsabilizó al DRNA por cualquier incidente que ocurra en la zona. “Estoy responsabilizando de todo lo que pase en el lugar al DRNA. Cuando vengan las marejadas, ellos son los que van a estar aquí dándole cara a la comunidad. Solicitamos un permiso de emergencia”, afirmó durante una conferencia de prensa en el área afectada.
Según el municipio, en enero de 2025 el DRNA otorgó un permiso de emergencia condicionado a que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) aprobara el proyecto formalmente. “Luego de 10 meses de espera, el USACE nos aprobó el proyecto el 18 de noviembre. Sorpresa, el 8 de enero del 2026 recibimos una carta del DRNA en la que finalmente se niega el permiso para el revestimiento con rocas”, declaró Nazario Fuentes.
Por su parte, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, explicó que no se denegó el permiso sino que se indicó que “no se podía tirar piedra allí”. Propuso en cambio usar “estructuras blandas”, como sacos y tubos rellenos de arena que disipan la energía del mar y favorecen la acumulación natural de arena. “Con estas estructuras se puede recoger arena nuevamente y recrear el ambiente lo más parecido posible”, agregó.
Ante la presión de la comunidad, el DRNA se reunirá con la alcaldesa y funcionarios municipales este jueves a las 2:00 p.m. Nazario Fuentes insistió en que las rocas “son una opción económica usada por el Cuerpo de Ingenieros en toda la isla” y reclamó acción inmediata. “Aquí hay familias que no duermen cuando ese mar cruje de noche. Estoy consciente de que hay acciones que se pueden hacer”, subrayó.
La propuesta municipal cubriría un tramo de 280 pies a lo largo de la calle 10 y podría costar unos $100,000, cifra superior al estimado de $90,000 del año anterior por la inflación en materiales. Los fondos provendrían de asignaciones legislativas y la alcaldesa urgió una solución antes de la temporada de alto oleaje, en marzo.
Entre los residentes afectados figura Antonia Osorio Reyes, de 91 años y encamada, quien lleva más de siete décadas viviendo en Parcelas Suárez. “Que se muevan porque esta situación nos da miedo. Nunca habíamos visto ese mar así”, expresó desde su casa.
El conflicto entre ambas partes mantiene en suspenso las medidas para frenar la erosión que amenaza hogares y calles en la costa loiceña.
