En el inicio de la tercera sesión ordinaria, la gobernadora Jenniffer González presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone calificar como asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.
Según el texto de la medida, el objetivo es “mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales” y establecer en el Código Penal que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido. La propuesta, identificada como el Proyecto del Senado 923, busca añadir esa definición al Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico, que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”.
La iniciativa se enmarca en un conjunto de medidas impulsadas por la primera ejecutiva en los últimos años. A finales de 2025, González firmó la Ley 166-2025, dedicada a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, asesinadas el 29 de abril de 2021. Esa legislación tipifica como asesinato en primer grado la muerte intencional de una mujer embarazada que también resulte en la muerte del concebido.
Asimismo, con la aprobación de la Ley 183-2025, se enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido como persona natural desde cualquier etapa de gestación. No obstante, esta ley —derivada del Proyecto del Senado 504— generó amplio rechazo entre gremios médicos y sectores legales. Más de 300 médicos firmaron una carta abierta argumentando que la medida representa “un ataque directo contra las mujeres y personas con capacidad de gestar” y que podría poner en riesgo la práctica médica en la isla.
Los profesionales advirtieron, además, que tales disposiciones afectarían de manera desproporcionada a mujeres racializadas no blancas, empobrecidas y de comunidades marginadas.
