Guanare, Venezuela – La libertad llegó demasiado tarde para Edilson Torres. El expolicía, de 51 años, murió de un ataque al corazón en prisión justo cuando su familia esperaba su inminente liberación, prometida por el gobierno tras la captura por parte de Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro. Torres había permanecido incomunicado desde su detención en noviembre, bajo acusaciones que su familia consideraba de motivación política.
Su féretro, cubierto con la bandera venezolana, fue recibido entre lágrimas por familiares y vecinos en su humilde pueblo natal. “Mi hermanito, mi hermanito”, repetía su hermana Emelyn Torres, mientras su abuela casi se desmayaba. Horas antes, Emelyn había sabido que otros detenidos vinculados al mismo grupo de WhatsApp acababan de recuperar la libertad. Ella lamentaba que su hermano no hubiese vivido para salir libre también.
El caso de Torres refleja una oleada de denuncias en todo el país. Alfredo Romero, director de Foro Penal, informó que la organización ha recibido una “avalancha de mensajes” de familias que buscan registrar a sus allegados como presos políticos. “Antes no denunciaban por miedo, y ahora lo hacen porque sienten que existe una posibilidad de liberación”, explicó. Hasta ahora, Foro Penal ha confirmado que de unas 300 denuncias recientes, al menos 100 tienen motivación política, principalmente de personas ligadas al ejército venezolano.
El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la semana pasada que un “número significativo” de presos venezolanos y extranjeros serían liberados como gesto para “buscar la paz”. Según Foro Penal, hasta el martes habían verificado la liberación de 55 personas, aunque el gobierno aseguró que la cifra ascendía a 116 sin precisar los nombres de los excarcelados.
Entre los liberados están la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, quien se trasladó a España tras su liberación; Biagio Pilieri, líder opositor cercano a la campaña de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2024; y Enrique Márquez, ex autoridad electoral y candidato presidencial.
También fue liberado el empresario italiano Marco Burlò, quien al llegar a Roma calificó su detención como un “secuestro puro y duro”. “No puedo decir que me maltrataran físicamente, pero sin poder hablar con nuestros hijos ni con abogados, completamente aislados, aquí pensaron que podría haber muerto”, relató.
Mientras tanto, cientos de familias venezolanas siguen presentándose ante organizaciones defensoras de derechos humanos, con la esperanza de ver a sus seres queridos libres y de que, algún día, la justicia acompañe sus historias.
