El Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) rechazó la posibilidad de permitir un acceso limitado a los cuidadores de los gatos del Paseo del Morro, en el Viejo San Juan, mientras se llevan a cabo trabajos de restauración en el área. En un documento de 53 páginas, la agencia argumentó motivos de seguridad pública, falta de legitimación legal y desconfianza hacia las acciones recientes de los voluntarios de Save a Gato (SAG).
La decisión responde al cierre temporal de parte de la vereda que bordea el Castillo San Felipe del Morro, medida que busca “garantizar la seguridad pública y minimizar los riesgos de responsabilidad civil” durante la estabilización del acantilado. Según el NPS, permitir la entrada de voluntarios a una zona de construcción activa con maquinaria pesada “crea un riesgo para la seguridad que el parque no está dispuesto a asumir”.
La agencia también sostuvo que ni SAG ni el codemandante Alley Cat Allies (ACA) tienen legitimación para exigir un “acceso especial” y que no cuentan con personal disponible para supervisar a los voluntarios fuera del horario laboral. Además, alegó que los cuidadores ampliaron sin autorización las estaciones de alimentación en el Paseo, instalando al menos doce nuevas.
El pasado 19 de diciembre, SAG y ACA presentaron una moción de interdicto preliminar para lograr acceso a la zona cerrada durante los próximos 18 meses, como parte de una demanda contra el NPS y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Ambas organizaciones sostienen que el “Proyecto Cliff” incumple leyes federales ambientales y de procedimiento administrativo.
Las entidades también denunciaron que el plan de remoción de gatos, aprobado en 2023, no se implementó conforme a lo prometido, ya que debía realizarse en seis meses por una organización de bienestar animal. No obstante, el NPS consideró “paradójico” que las organizaciones soliciten el cumplimiento de un plan que a su vez impugnan en otra demanda y reiteró que ninguna organización presentó interés para ejecutar la remoción, por lo que será encomendada a una agencia especializada.
En su respuesta, la dependencia subrayó que los demandantes “carecen de derecho o autoridad para mantener comederos” y que no demostraron que existan daños irreparables. Añadió que el cierre temporal obedece a motivos de seguridad y protección de los recursos naturales, por lo que pidió al tribunal denegar la moción. Según documentos judiciales, el “Proyecto Cliff” podría comenzar el 2 de febrero.
El cierre parcial ha generado oposición entre residentes del Viejo San Juan y defensores de los animales, quienes advierten que la remoción afectaría la supervivencia de los gatos comunitarios y tendría consecuencias ambientales y turísticas para la zona.
