Justicia decidirá si entrega datos a la ACLU o apela ante el Supremo

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, debe decidir si acata la orden judicial o recurre al Tribunal Supremo.
La gobernadora Jenniffer González sostuvo que, si fuera por ella, ya hubiera entregado la información, pero aguardará por la decisión de la agencia

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, deberá determinar si apelará o acatará la decisión del Tribunal de Apelaciones, que confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico el requerimiento del gobierno federal sobre los datos de inmigrantes con licencias provisionales de conducir.

La gobernadora Jenniffer González sostuvo este lunes que, de haber dependido de ella, la información se habría entregado desde el comienzo. “Eso es una determinación que tiene que tomar la secretaria de Justicia, así que la secretaria de Justicia determinará si apelará esa determinación ante el Supremo o si se acatarán las instrucciones del Tribunal Apelativo. Esa es una decisión que, desde el principio, el Departamento de Justicia hizo las recomendaciones de rigor”, expresó durante una conferencia de prensa.

“Si hubiera sido por mí, la hubiera entregado desde el día uno. Pero, en aquel momento, recibimos la recomendación de Justicia de que se apelara, así que hay que esperar cuál va a ser la determinación de Justicia sobre eso. Eso supersede la intención del secretario del DTOP, Edwin González, y ciertamente la mía”, añadió.

En la sentencia emitida el 7 de enero, el Tribunal de Apelaciones concluyó que “el DTOP no logró demostrar la existencia de un interés apremiante de mayor jerarquía que los valores protegidos por el derecho ciudadano a la información”. Además, el foro recordó que el Tribunal de Primera Instancia condicionó la entrega del requerimiento administrativo a que se protegiera la identidad de las personas cuyos expedientes fueron compartidos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“El derecho de acceso a la información es reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”, subrayó el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones.

Tras conocerse la decisión judicial, la secretaria de Justicia se limitó a enviar declaraciones escritas en las que indicó que el Departamento continúa evaluando el dictamen.

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