En el primer día de sesión legislativa del año, el Senado y la Cámara de Representantes reavivaron el debate sobre la eliminación de las escoltas a exgobernadores al considerar, mediante la vía de descargue, dos medidas con objetivos distintos.
Una de las propuestas fue presentada por la gobernadora Jenniffer González, mientras que la otra, con alcance más amplio, pertenece al senador Juan Oscar Morales. Este último radicó su proyecto el mismo día en que la mandataria vetó una medida suya con el mismo propósito, lo que generó una controversia pública entre ambos. Aunque se reunieron en La Fortaleza para intentar resolver diferencias, el conflicto aumentó cuando González retiró los empleados en destaque de la oficina del legislador novoprogresista.
El proyecto de la gobernadora propone eliminar el servicio de escoltas solo a exmandatarios convictos en foros estatales o federales, así como a candidatos a la gobernación y al cargo de comisionado residente en Washington. “Cualquier exgobernador(a) de Puerto Rico que haya sido convicto(a) por delito grave o menos grave… no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico”, establece la medida.
Por otro lado, Morales presentó un proyecto idéntico al Proyecto del Senado 752, vetado previamente, que eliminaba las escoltas a todos los exgobernadores y exfuncionarios sin importar si habían sido convictos. El PS 752 había recibido aprobación unánime en ambos cuerpos. Tras el veto, González argumentó que la medida se desvió de su intención original y expresó que no tiene intención de renunciar a sus escoltas al dejar La Fortaleza.
La Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 990, versión presentada por la gobernadora. Sin embargo, las enmiendas de los representantes Héctor Ferrer Santiago (PPD) y Denis Márquez Lebrón (PIP) —que buscaban eliminar las escoltas para todos los exgobernadores— fueron derrotadas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista. “Ha quedado demostrado que la administración del PNP y la Cámara… no tienen inconveniente con que los gobernadores gocen de escoltas”, criticó Ferrer Santiago.
La única enmienda avalada fue la del representante popular Ramón Torres Cruz, que amplió la prohibición a cualquier funcionario convicto, no solo a exmandatarios. Torres Cruz advirtió que un tribunal podría interpretar que Wanda Vázquez Garced no es exgobernadora según la Ley 2-1965, que define como tal a quien fue electo y cumplió su término de cuatro años. “Esta señora ni está ni cumplió el término de cuatro años”, dijo el legislador, quien presentó una demanda para obtener el informe policial que justifica mantenerle escoltas a la exmandataria convicta por un delito menor electoral federal.
La convicción de Vázquez Garced se convirtió en el detonante del nuevo impulso legislativo para revisar los privilegios de seguridad otorgados a exgobernadores.
