Keily Maisonet Ortiz, una puertorriqueña acusada de contraer matrimonio con un ciudadano de Uzbekistán para que este obtuviera la ciudadanía estadounidense, se encuentra en negociaciones con la Fiscalía federal para alcanzar un acuerdo de culpabilidad, según consta en el expediente judicial.
El viernes pasado, la defensa de Maisonet Ortiz, junto a la Fiscalía federal, presentó una moción solicitando una prórroga para concretar el posible acuerdo. La solicitud fue presentada justo el día en que vencía el plazo fijado por la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal, para informar sobre cualquier cambio en la declaración de la acusada.
Por ahora, el documento permanece sellado, por lo que se desconocen las causas específicas para la extensión del término. Durante este periodo, Maisonet Ortiz podría modificar su declaración inicial de no culpable. Una conferencia previa al juicio está programada para el miércoles 14 de enero, a las 9:30 a.m.
La posibilidad de un acuerdo surge apenas un mes después de que el ciudadano uzbeko Shokir Kurbonovich Khalilov fuera sentenciado a “tiempo cumplido” tras declararse culpable. En el acuerdo alcanzado por Khalilov, este admitió haberse confabulado con una ciudadana estadounidense para contraer matrimonio con el fin de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos.
Un gran jurado emitió acusaciones el 5 de junio de 2025 contra ambos, imputándoles cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. De acuerdo con los documentos judiciales, desde el 29 de febrero de 2024 hasta aproximadamente el 29 de abril de 2025, los acusados llevaron a cabo el matrimonio con la intención de eludir las disposiciones migratorias.
La pareja obtuvo una licencia matrimonial y se casó el 13 de marzo de 2024 en San Juan. En octubre de ese mismo año, Maisonet Ortiz presentó una Petición I-130 para Familiar Extranjero a favor de Khalilov ante el Departamento de Seguridad Nacional, mientras que el ciudadano uzbeko presentó una Solicitud I-485 para registrar su residencia permanente, según detalló la Fiscalía federal en un comunicado.
Ambos enfrentan cargos por conspiración y fraude matrimonial, delitos que conllevan penas de prisión y multas federales.
