El Tribunal de Apelaciones determinó que el requerimiento o “subpoena” administrativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para obtener información de inmigrantes con licencias provisionales en Puerto Rico constituye un documento público. La decisión confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregar el documento a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
“Esta determinación reitera que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, tiene la obligación de hacer público el alegado ‘subpoena’ que dio paso a la entrega voluntaria de los datos personales de miles de inmigrantes en Puerto Rico, a quienes el propio gobierno prometió confidencialidad bajo la Ley 97 de 2013”, expresó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La sentencia, fechada el 7 de enero, señala que “el DTOP no logró demostrar la existencia de un interés apremiante de mayor jerarquía que los valores protegidos por el derecho ciudadano a la información”. Además, reitera la orden de entregar el documento salvaguardando cualquier información que pueda identificar a las personas afectadas.
“En Puerto Rico, el derecho de acceso a la información es reconocido como un derecho humano y constitucional de rango fundamental”, subrayó el panel de tres jueces del Apelativo. “Determinamos que la ‘subpoena’ solicitada por la ACLU es un documento público sujeto a divulgación”.
A principios de junio del año anterior, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, informó que había solicitado datos de inmigrantes con licencias de conducir desde enero. El 1 de octubre de 2025, la ACLU demandó al DTOP luego de que su secretario se negara a entregar el documento en una solicitud de acceso a información pública.
El Tribunal de Primera Instancia ordenó al DTOP entregar el “subpoena”, pero la agencia, representada por el Departamento de Justicia, acudió al Apelativo para oponerse, alegando que divulgarlo afectaría una investigación en curso. No obstante, el Apelativo rechazó ese argumento: “No estamos ante un documento cuya divulgación pueda afectar el curso de una investigación”, estableció la decisión.
Según la ACLU, el Apelativo también descartó que existiera alguna ley, federal o local, que impidiera divulgar la “subpoena” federal. “El gobierno no pudo señalar la existencia de estatuto o reglamentación alguna que prohíba la divulgación”, afirmó la organización.
“Esta decisión es un mensaje directo al secretario del DTOP, al Departamento de Justicia y a todas las agencias públicas: tienen el deber de rendir cuentas al pueblo y respetar el derecho del público a saber cómo y por qué se toman decisiones. No hay justificación para traicionar la confianza que las comunidades inmigrantes depositaron en el gobierno”, expresó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
El Nuevo Día solicitó una reacción al DTOP, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
