El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico una “subpoena” administrativa emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para obtener datos de inmigrantes con licencias provisionales en la isla.
La determinación, fechada el 7 de enero, establece que el documento es público y que el DTOP no demostró un interés apremiante que justificara mantenerlo confidencial. El tribunal recordó que la entrega del documento debe realizarse protegiendo la información que pueda identificar a las personas afectadas.
“La decisión reafirma que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, tiene la obligación de hacer pública la ‘subpoena’ que provocó la divulgación voluntaria de los datos personales de miles de inmigrantes, a quienes el gobierno prometió confidencialidad bajo la Ley 97 de 2013”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
El panel de tres jueces enfatizó que el acceso a la información es un derecho humano y constitucional de rango fundamental en Puerto Rico. Según la ACLU, el Apelativo rechazó el argumento del gobierno de que estaba impedido de divulgar el documento y recalcó que no existe estatuto ni reglamento, federal o local, que lo prohíba.
La organización presentó la demanda el 1 de octubre de 2025, luego de que el DTOP se negara a atender una petición de acceso a información. Aunque el Tribunal de Primera Instancia ordenó divulgar el documento, la agencia, representada por el Departamento de Justicia, acudió al Apelativo para oponerse a la entrega, relacionada con los datos de más de 6,000 personas sin estatus definido y con permisos provisionales.
El tribunal también descartó el planteamiento de que la divulgación pueda perjudicar una investigación en curso, señalando que el gobierno no explicó de forma concreta cómo afectaría las operaciones de seguridad.
“Esta decisión es un mensaje directo al secretario del DTOP, al Departamento de Justicia y al resto de las agencias públicas sobre su deber de rendir cuentas al pueblo y respetar el derecho del público a saber cómo y por qué se toman decisiones”, afirmó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
El Nuevo Día solicitó una reacción al DTOP y aún espera respuesta.
