Genera PR argumentó ante el tribunal que no está obligada a seguir las regulaciones que aplican a las entidades públicas al momento de otorgar contratos de suministro de combustible. La postura surge en respuesta a una impugnación presentada por otra empresa que cuestionó la legalidad de un acuerdo suscrito por Genera PR para el abastecimiento de combustible.
En su defensa, la compañía señaló que su naturaleza privada la exime de los procedimientos que gobiernan a las agencias del gobierno y advirtió que paralizar el contrato tendría consecuencias graves. Según Genera PR, ello podría implicar su “desaparición”, dado que su único propósito corporativo es administrar y operar la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El caso, que continúa en proceso judicial, podría tener implicaciones importantes sobre cómo se manejan los contratos relacionados con la producción de energía en Puerto Rico y hasta dónde llegan las responsabilidades regulatorias de las empresas privadas que gestionan activos públicos.
