A pocas horas de que venciera el término para actuar, la gobernadora Jenniffer González firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 193, que detiene el cobro de $300 que realiza LUMA Energy a los clientes con sistemas de energía solar de pequeña escala. La medida también ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) establecer un nuevo reglamento de interconexión conforme a la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019).
“Esta ley le impone al NEPR la responsabilidad de revisar sus reglamentos para evitar estos cargos retroactivos y que no se transfieran al resto de los consumidores”, señaló la gobernadora a El Nuevo Día. Añadió que ahora corresponde al Negociado definir el proceso mediante el cual el operador, en este caso LUMA, autorizará las conexiones.
Según explicó González, la decisión fue tomada tras reunirse con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, y representantes de entidades públicas y privadas. “Yo estoy en contra de que se le cobre $300 a alguien que instale un sistema fotovoltaico para conectarse. Es oneroso”, afirmó, aunque reconoció que debía evaluarse quién asumiría ese costo.
La mandataria expresó preocupación sobre el impacto que tendría eliminar el estudio técnico previo a las interconexiones en un sistema eléctrico frágil. El cargo servía para cubrir ese estudio, aplicable solo a sistemas de menos de 25 kilovatios.
Por su parte, LUMA Energy rechazó la eliminación del cobro y advirtió que podría provocar inestabilidad en la red. “Eliminar el cargo del estudio de interconexión suplementario expone la red eléctrica a condiciones de inestabilidad y limita la capacidad de integrar nuevos sistemas de forma responsable”, comunicó la empresa.
González indicó además que espera conocer la postura de la Junta de Supervisión Fiscal, pero no descartó que se oponga. “Nada me sorprendería, porque si fueron al Tribunal Federal a defender el caso de LUMA, no me extrañaría que también defiendan este cobro”, declaró.
La gobernadora también firmó enmiendas a la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados (Ley 7 de 2019), que ordenan al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) crear un listado de los 100 medicamentos más utilizados cuyo precio supere los $100. Explicó que antes el umbral era de $300 y que esta reducción permitirá identificar mejor los medicamentos de mayor demanda. La pieza fue impulsada por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.
González añadió que la medida facilitará la negociación de precios para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, aunque no confirmó si buscará establecer controles en los costos farmacéuticos.
