HARTFORD, Connecticut – Los gobiernos de Connecticut y Arizona defendieron su decisión de rechazar una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), luego de que se presentaran demandas federales contra ambos para obtener datos detallados sobre sus votantes.
El Secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, expresó en X que divulgar los registros violaría leyes estatales y federales de privacidad. Según el DOJ, la acción busca garantizar la precisión de los censos de votantes, considerada por la fiscal general Pam Bondi como la base de la integridad electoral. Bondi aseguró que el departamento “seguirá presentando demandas para proteger las elecciones estadounidenses”.
Con Connecticut y Arizona, ya son 23 los estados y el Distrito de Columbia demandados por el gobierno federal. Sin embargo, varios funcionarios estatales sostienen que la entrega de estos datos —que incluyen nombres, fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y parciales de Seguro Social— violaría leyes de privacidad.
El DOJ también ha solicitado información sobre los procedimientos estatales para cumplir leyes de votación federal y resolver supuestas inconsistencias señaladas por la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
La mayoría de los estados demandados están gobernados por demócratas. En una carta enviada el año pasado al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, diez secretarios de Estado demócratas expresaron preocupación por el manejo de esta información, luego de que el DHS confirmara haber recibido algunos datos de votantes para un programa de verificación de ciudadanía.
El Fiscal General de Connecticut, William Tong, afirmó que intentó cooperar con el DOJ para entender la base de su solicitud. “En lugar de comunicarse de forma productiva con nosotros, se apresuraron a demandarnos”, dijo Tong, quien calificó la acción como “sin fundamento y profundamente decepcionante”. Agregó que su estado “se toma muy en serio las obligaciones que le imponen las leyes federales” y que se defenderá con firmeza en los tribunales.
Esta historia fue traducida del inglés al español y revisada por un editor antes de su publicación.
