Las autoridades suizas informaron que el bar Le Constellation, en la localidad alpina de Crans-Montana, no fue sometido a inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019, antes del siniestro del 1 de enero que dejó 40 muertos y más de 100 heridos.
Los investigadores creen que el incendio comenzó cuando unas velas colocadas en el interior se acercaron demasiado al techo. Se investiga, además, si el material de insonorización cumplía la normativa y si el uso de velas estaba permitido en el local.
El fiscal jefe del cantón del Valais indicó que los dos gerentes del bar son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y provocación involuntaria de incendio. Según la normativa regional, los edificios abiertos al público deben someterse a una inspección anual, responsabilidad de los municipios.
El ayuntamiento de Crans-Montana admitió que, tras revisar los archivos, descubrió que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”. El jefe del gobierno municipal, Nicolas Féraud, expresó su pesar y aseguró que corresponderá a las autoridades judiciales determinar el impacto de esa omisión. No pudo explicar por qué cesaron las inspecciones durante tanto tiempo.
Féraud añadió que en septiembre pasado un experto externo evaluó la insonorización del bar, concluyendo que cumplía las normas antirruido. En las inspecciones previas, realizadas en 2016, 2018 y 2019, se habían pedido algunas modificaciones, pero sin observaciones sobre material inflamable.
El incendio se desató alrededor de la 1:30 a. m. del Año Nuevo. La gravedad de las quemaduras complicó la identificación de las víctimas, proceso que concluyó el domingo, al confirmar la identidad de los 40 fallecidos y los 116 heridos, procedentes de varios países.
La fiscalía de París abrió una investigación paralela para asistir a las familias francesas afectadas. Nueve ciudadanos franceses perdieron la vida —el más joven de 14 años— y 23 resultaron heridos.
El registro municipal indica que el bar tenía permiso para albergar hasta 200 personas distribuidas entre la planta baja y el sótano, aunque las autoridades desconocen cuántas había en el momento del incendio. En 2015, el propietario obtuvo autorización para construir una veranda y realizar reformas internas.
Como respuesta a la tragedia, la Comisión local decidió prohibir el uso de fuegos artificiales en espacios cerrados y contrató a una agencia externa para reforzar las inspecciones de seguridad en establecimientos similares.
