Algunas infracciones podrían quedar excluidas de la amnistía que concede un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito y peajes, confirmó este domingo Mary Fuster, directora de la Directoría de Servicios al Conductor (Disco) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
La funcionaria explicó que la determinación dependerá del reglamento que establecerá cómo se aplicará la recién aprobada Ley 1-2026. “Actualmente estamos trabajando en el reglamento, y esa parte se va a recoger también ahí. Ya se han hecho varias peticiones y las estamos considerando”, indicó durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.
Durante la discusión legislativa de la medida, el DTOP y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendaron excluir del beneficio las infracciones que representen un alto riesgo a la seguridad vial, como regatear, realizar maniobras de wheelie (conducir con las ruedas delanteras alzadas) y manejar bajo los efectos del alcohol. También sugirieron dejar fuera delitos como el uso indebido del rótulo de estacionamiento para impedidos y no utilizar el asiento protector para menores.
Fuster recordó que el DTOP tiene 45 días para completar el reglamento, y que el periodo de 120 días para acogerse a la amnistía comenzará a correr tras su publicación. El propósito de la Ley 1-2026 es incentivar el pago rápido de multas y faltas administrativas, incluidas las registradas en AutoExpreso o relacionadas con permisos vencidos de vehículos de motor.
“Están incluidos todos los conductores, sin importar la categoría ni si su licencia está vigente. El 40% se calculará sobre la deuda total, incluyendo recargos”, explicó Fuster.
En mayo pasado, el secretario asociado del DTOP, Marcos García, indicó a El Nuevo Día que la agencia acumulaba desde febrero de 2022 unos $53 millones en multas no pagadas bajo la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000), aunque la cifra podría ser mayor.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, estimó que la nueva amnistía podría generar hasta $169 millones. Dijo, además, que la Junta de Supervisión Fiscal no ha mostrado objeciones. “La política pública la dicta el gobierno de Puerto Rico, y la gobernadora decidió, tras una evaluación, firmar esta medida. Si la Junta tuviera reparos, dialogaremos con ellos”, expresó.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) calculó en $103.7 millones el posible impacto en los recaudos del gobierno, mientras el Departamento de Hacienda proyectó $113.6 millones menos de ingreso. Peña Payano defendió la medida al señalar que no afectará el presupuesto balanceado: “Es mejor recibir algo que nada. Es un concepto básico de economía y finanzas”. Los fondos recaudados por esta amnistía ingresarán al Fondo General.
