El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó una demanda contra la gobernadora Jenniffer González Colón y la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Marieli Padró Raldiris, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La organización periodística sostiene que ambas violaron la libertad de prensa al impedir que periodistas del CPI asistieran a conferencias en La Fortaleza por no presentar una credencial emitida por el Departamento de Estado, requisito que califican como inconstitucional.
La querella, titulada “Demanda de Sentencia Declaratoria y Solicitud de Injuction Preliminar y Permanente”, cuestiona la legalidad de exigir dicha credencial y reclama que los reporteros del CPI puedan acceder a coberturas oficiales con su identificación institucional.
Según el CPI, el problema comenzó en noviembre, cuando a la directora editorial Wilma Maldonado Arrigoitía y al periodista Luis Valentín Ortiz se les bloqueó la entrada a la Mansión Ejecutiva por carecer de la credencial estatal. Aunque finalmente se les permitió el acceso tras una larga espera, el personal de seguridad insistió en que el documento era obligatorio. Maldonado Arrigoitía solicitó los reglamentos que justificaran la medida, pero no ha recibido respuesta de la administración de González Colón.
El CPI denunció además que en diciembre ocurrieron dos incidentes similares con Valentín Ortiz y el editor Noel Algarín Martínez. Ambos fueron rechazados pese a contar con la identificación de la entidad, práctica que, según la organización, ha sido suficiente durante décadas para acceder a actividades en La Fortaleza.
“Requerir la identificación del Departamento de Estado como condición para cubrir a la Gobernadora es solo un capricho”, expresó Maldonado Arrigoitía, quien recordó que esa certificación únicamente servía para facilitar estacionamientos a periodistas, no para autorizar coberturas oficiales.
La demanda subraya que el poder del Departamento de Estado para emitir certificaciones se limita a fines administrativos, como la asignación de tablillas especiales de prensa del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y no para determinar qué periodistas pueden acceder a conferencias.
“La libertad de prensa no puede depender de permisos discrecionales ni de credenciales que no están requeridas por ley”, afirmó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. “Negar el acceso por no tener un carnet administrativo es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”, añadió.
El CPI está representado por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
