Honolulu – El fallo de la jueza federal Jill A. Otake despejó el camino para que Hawái incluya a los pasajeros de cruceros en un nuevo impuesto turístico destinado a financiar acciones contra el cambio climático, el cual entrará en vigor a inicios de 2026.
La jueza rechazó una solicitud para impedir la aplicación de la medida, que constituye el primer gravamen de este tipo en Estados Unidos. El gobernador de Hawái, Josh Green, aprobó la legislación en mayo con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales para atender problemas como la erosión costera, los incendios forestales y otros efectos del calentamiento global. Las autoridades estiman que la medida generará cerca de $100 millones anuales.
El impuesto incrementa las tarifas de las habitaciones de hotel y los alquileres vacacionales, e impone además un gravamen del 11% sobre las tarifas brutas que pagan los pasajeros de cruceros. Este monto se calculará de forma proporcional según los días que los barcos permanezcan en los puertos del estado.
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, junto con una empresa de Honolulu y negocios turísticos de Kauai y la Isla Grande, impugnó la ley ante el tribunal. Argumentan que el impuesto viola la Constitución estadounidense al gravar el derecho de los cruceros a entrar en los puertos de Hawái.
Los demandantes también sostienen que el impuesto podría afectar negativamente el turismo al encarecer los cruceros. Según la demanda, los condados pueden aplicar un recargo adicional del 3%, lo que elevaría el total al 14%.
“El turismo de cruceros genera casi $1,000 millones en impacto económico total para Hawái y apoya miles de empleos locales, y seguimos enfocados en asegurar que ese éxito continúe sobre una base legal y sostenible”, expresó Jim McCarthy, portavoz de la asociación.
De acuerdo con documentos judiciales, los demandantes planean apelar la decisión y pidieron que se emita una orden judicial antes de la entrada en vigor de la ley el 1 de enero.
Por su parte, la fiscal general del estado, Anne Lopez, afirmó que Hawái continuará defendiendo la medida, la cual requiere que los operadores de cruceros aporten al impuesto sobre alojamientos transitorios para atender las amenazas climáticas que enfrenta el archipiélago.
El gobierno federal también intervino en el caso, calificando la medida como “un esquema para extorsionar a ciudadanos y empresas estadounidenses únicamente para beneficiar a Hawái”, alegando que entra en conflicto con la legislación federal.
