Washington — Los programas de Medicaid realizaron más de 200 millones de dólares en pagos indebidos a proveedores de salud entre 2021 y 2022 por servicios a personas que ya habían fallecido, según un nuevo informe del organismo de control del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
La Oficina del Inspector General del mismo departamento indicó que espera reducir estos pagos erróneos gracias a una disposición del proyecto republicano One Big Beautiful Bill, que obligará a los estados a auditar regularmente las listas de beneficiarios de Medicaid.
“Este tipo de pagos indebidos no son exclusivos de un estado, y el problema sigue siendo persistente”, señaló a The Associated Press Aner Sánchez, inspector general regional adjunto de la Oficina de Servicios de Auditoría, quien lleva una década investigando estos casos.
El informe, publicado el martes, detalló que más de $207.5 millones en pagos de atención administrada se realizaron en nombre de afiliados fallecidos entre julio de 2021 y julio de 2022. El documento recomienda que el gobierno federal comparta más información con los estados para recuperar esos fondos, incluyendo el acceso al Archivo Maestro de Defunciones de la Seguridad Social, que contiene más de 142 millones de registros desde 1899.
El acceso a dicho archivo ha sido limitado por leyes de privacidad que buscan prevenir el robo de identidad y el fraude. No obstante, la amplia ley de impuestos y gastos promulgada por el presidente Donald Trump este verano permite que, a partir de 2027, las agencias de Medicaid comparen trimestralmente sus listas de proveedores y beneficiarios con ese archivo, con el fin de frenar los pagos a personas fallecidas y mejorar la exactitud de los registros.
Este informe representa la primera revisión a nivel nacional sobre pagos indebidos de Medicaid. Desde 2016, el inspector general del HHS ha completado 18 auditorías en programas estatales, identificando pagos erróneos de atención administrada por cerca de $289 millones en nombre de afiliados muertos.
Además, el Departamento del Tesoro logró recuperar más de $31 millones en pagos indebidos a fallecidos a principios de año, durante un programa piloto de cinco meses. Esa iniciativa fue posible gracias a que el Congreso permitió al Tesoro un acceso temporal de tres años al archivo de defunciones, como parte del proyecto de ley de asignaciones aprobado en 2021.
